La política antimigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta su primer obstáculo con el freno temporal a la orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por nacimiento, anticipando una batalla legal tras cinco demandas, incluida la de más de 20 fiscales demócratas.
En su primera semana en el poder el magnate ve cómo su polémica acción contra supuestos ilegales llegó hasta los juzgados. Arizona, Illinois, Oregon y Washington se unieron para defender el derecho de nacimiento de recién nacidos, mismo que busca arrebatar si uno o ambos padres son indocumentados o están bajo permiso, alegando que por años se malinterpretó la Constitución, pese a que esa norma está vigente hace más de un siglo, tras la guerra civil, una de las épocas “más oscuras” para la potencia.
Tras escuchar por casi media hora los argumentos del nuevo Departamento de Justicia en una audiencia, el juez John Coughenour Chambers evidenció su rechazo a la medida contra la decimocuarta Enmienda al admitir sorpresa de que abogados justifiquen un acto inconstitucional, pues cuestionó al jefe interino del aérea civil, Brett Schumate, si de verdad lo consideraba legal, ante los que el funcionario alineado al poder ratificó su postura, como parte de las medidas “clave” para revertir la crisis migratoria heredada de la gestión de Joe Biden.
CPI va contra mandos de los talibán
Ésta es una orden manifiestamente inconstitucionalJohn Coughenour, Juez federal
De inmediato, el magistrado designado por Ronald Reagan (1981-89) se inclinó en favor de los demandantes al tachar tal iniciativa de “flagrantemente inconstitucional” y “alucinante”, de acuerdo con NBC News y The Associated Press, por lo que suspendió la aplicación de uno de los primeros decretos del magnate, que entraría en vigor el próximo 19 de febrero, al revelar que en más de cuatro décadas en funciones jamás había evaluado una acción tan descarada.
Previamente, los demandantes, entre ellos ciudadanos estadounidenses por nacimiento que aluden un agravio personal, recriminaron que la estrategia para reconstruir un supuesto sistema migratorio “roto” detonará un “daño grave”.
Uno de los promoventes, el fiscal chino-estadounidense William Tong, citado por varios medios, dijo que no sólo es quitarle la identidad y pertenencia a una persona, sino restringir su acceso a salud, a viajar y a trabajar al hacerlos candidatos al arresto o deportación; pues la visión del Gobierno exige a agencias desconocer la ciudadanía de bebés, despojando a esas generaciones de su derecho, lo que causará efectos negativos al vulnerar a miles, pues tan sólo en 2022 nacieron en EU 250 mil niños de mujeres indocumentadas, según datos de PBS News.
Las personas a las que se les priva de su ciudadanía quedarán indocumentadas, sujetas a deportación o detención, y muchas serán apátridasDemandantes
Tras el primer revés en este segundo mandato, el Ejecutivo federal justificó su plan para anular tal derecho.
Desde el Despacho Oval, el político de 78 años adelantó que apelará tras intimidar a funcionarios de la Fiscalía general con procesarlos si no ejecutaban su estrategia. Por separado, el Departamento lo respaldó y fuentes comentaron que “defenderán enérgicamente” la acción que será parte de la mayor deportación de ilegales al burlarse de las demandas por el cambio que aplica para los nacidos después del 19 de enero, lo que genera incertidumbre a gestantes sin estatus legal.
Que Trump esté totalmente equivocado no le impedirá infligir un daño grave en este momento a familias estadounidenses como la míaWilliam Tong, Fiscal de Connecticut y ciudadano de EU por nacimiento
Ello abre la puerta a una larga batalla mientras en la comunidad migrante crece el miedo a ser deportada ante el cúmulo de cambios, como el cierre de la frontera, la declaración de emergencia nacional y una nueva legislación a promulgarse para detener a ilegales que cometieron un delito o son señalados sin pruebas.
En contraparte, los demandantes no quitan la mira y extenderán la lucha, sin anticipar plazos; sostienen que la suspensión debe ser permanente frente a arrestos y redadas contra “criminales” en centros de trabajo, como parte de la política de contención de Trump.
Y éste sigue con sus órdenes ejecutivas para imponer su sello al ordenar la descalificación de los archivos de los asesinatos del expresidente John F. Kennedy (1963) y de Martin Luther King (1968) por interés nacional y para garantizar “transparencia” a las familias; mientras que ayer continúo en el Congreso el aval al gabinete con el voto por el mínimo (51 contra 49) al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al titular de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe.