La tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial en Estados Unidos se intensificó ayer, luego de que el juez federal James E. Boasberg declarara que hay fundamentos suficientes para iniciar un proceso de desacato penal contra el gobierno del presidente Donald Trump. El magistrado acusó a la administración republicana de incumplir deliberadamente una orden judicial al deportar migrantes a El Salvador sin permitirles impugnar su expulsión.
La situación se originó cuando Boasberg prohibió expresamente, el mes pasado, cualquier deportación bajo la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 que la Casa Blanca invocó para justificar una operación de expulsiones masivas contra supuestos integrantes de la pandilla Tren de Aragua. Sin embargo, pese a esa orden, funcionarios federales permitieron el despegue de varios vuelos con personas detenidas, dirigidos a una prisión salvadoreña con antecedentes de violaciones a derechos humanos.
- El Tip: Si el Departamento de Justicia se niega a enjuiciar el asunto, Boasberg dijo que nombrará a otro abogado.
El juez, nombrado al tribunal por el expresidente Barack Obama y actual líder del tribunal federal del Distrito de Columbia, denunció que el gobierno desobedeció, intencionalmente, su mandato de hacer retornar a los aviones una vez que fueron informados de la orden judicial. “La Constitución no tolera la desobediencia intencionada de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que juraron defenderla”, escribió Boasberg en un documento que ya es considerado histórico por juristas y analistas.
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En su decisión, el juez dejó claro que si el gobierno no rectifica su conducta, convocará audiencias y podría nombrar un fiscal especial para llevar el caso, en caso de que el Departamento de Justicia se niegue a actuar.
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A su vez, desde la Casa Blanca, el director de comunicaciones, Steven Cheung defendió la acción ejecutiva, aseguró en un mensaje publicado en la red social X que “el presidente está 100% comprometido a proteger a los estadounidenses de amenazas terroristas y migrantes ilegales criminales”.
El juez Boasberg dijo que la administración no sólo desobedeció su autoridad, sino que además lo hizo en un intento claro de evitar el control judicial. “La conducta del gobierno traicionó un deseo de eludir el alcance equitativo del poder judicial”, escribió, tras señalar que la administración tuvo múltiples oportunidades para corregir sus acciones, pero sus respuestas “no han sido satisfactorias”.
El caso ha provocado un enfrentamiento institucional. Donald Trump y sus aliados han exigido la destitución del juez, algo que provocó una respuesta inmediata del presidente de la Corte Suprema, John Roberts. En una declaración inusual, Roberts recordó que las diferencias con fallos judiciales no justifican intentos de remoción: “La destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.
En un proceso paralelo, la Corte Suprema ordenó la liberación de Kilmar Ábrego García, deportado por error a El Salvador. Sin embargo, el gobierno ignoró la orden y no tiene intención de facilitar su regreso. La jueza encargada de ese expediente analiza iniciar su propio proceso de desacato.
La administración Trump dice que no violó ninguna orden, alega que la instrucción de Boasberg de hacer volver los aviones no estaba escrita formalmente.
Niegan a senador visitar a expulsado
| Redacción
El senador por Maryland, Chris Van Hollen, realizó, ayer, un viaje oficial a El Salvador con el objetivo de exigir la liberación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado en marzo pasado por el gobierno de Donald Trump, en abierta contradicción con una orden de un tribunal de inmigración que bloqueaba su expulsión.
En conferencia de prensa desde San Salvador, Van Hollen criticó la negativa del vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, de permitirle visitar a Ábrego García en la prisión de máxima seguridad para pandilleros, donde se encuentra recluido. “¿Por qué encarcelar a un hombre sin cargos ni pruebas? Deberían dejarlo ir”, reclamó el legislador, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
El caso ha desatado una fuerte controversia en Estados Unidos. Mientras la Casa Blanca republicana defiende la deportación, los demócratas denuncian una violación del Estado de derecho y un desacato a los tribunales. “Estamos ante una crisis constitucional”, declaró el congresista Robert García, quien junto a otros demócratas evalúa formar una delegación para viajar a El Salvador y supervisar el estado de salud de Ábrego.
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Los funcionarios de Trump aseguran que Ábrego tiene vínculos con la pandilla MS-13, pero sus abogados sostienen que nunca ha sido acusado formalmente y que no existe evidencia de esas afirmaciones. Van Hollen calificó la deportación como “un secuestro ilegal desde Estados Unidos” y advirtió que presionará por su regreso.
El gobierno de Nayib Bukele, por su parte, ha endurecido su política contra las pandillas, ha encarcelado a más de 84,000 personas en un penal señalado por prácticas de tortura.
