A una semana de que concluya la campaña electoral en Nicaragua, organizaciones encabezadas por el Observatorio Urnas Abiertas apelan a la última oportunidad para impedir los comicios en los que el presidente Daniel Ortega busca concretar su “plan doloso para acabar con la democracia” en el país.
En alianza con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPYG) y la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela (UCAB) exigió a la comunidad internacional interceder ante la falta de legitimidad, luego de recabar las múltiples irregularidades del régimen, mismas que arreciaron desde junio pasado con la aprehensión de la primera aspirante a removerlo del poder.
Sostiene que es crucial suspender o, al menos, retrasar los comicios del próximo 7 de noviembre “para dar inicio a un periodo de transición que permita reconstruir la democracia y el Estado de derecho”, responsabilizando al sandinista del deterioro institucional y la violencia. Así como cesar de inmediato la represión y la persecución, garantizar justicia y la reparación para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Tras un informe —que abarca de octubre de 2020 hasta septiembre de este año—, enumeran las ilegalidades para borrar toda competencia y ampliar su periodo presidencial, sumiendo a Nicaragua en su peor crisis, superando el estallido social de 2018, mientras el régimen sostiene que este proceso es “transparente y democrático”, aunque no ha permitido la presencia de misiones observadoras.
Entre éstas destacan la vulneración al sistema electoral, manipulación excluyente del padrón, persecución judicial de opositores y la exclusión de candidaturas, tras inhabilitar a siete aspirantes y tres partidos políticos bajo cargos que crearon previo al arresto de los 38 disidentes; con lo que limitó a la oposición, a la que ve como enemiga, mientras que él mantuvo eventos fuera de los periodos establecidos y con dinero del país.
Asimismo, se acusó que restringió los plazos de campaña y actos multitudinarios bajo la justificación de la pandemia, sólo para quitar espacios a sus críticos, pero el Gobierno no respetó las medidas sanitarias y hasta movilizó a la Policía Nacional para suspender eventos de adversarios e intimidando a organizaciones políticas, militantes y eventos con patrulleros afuera de sus casas.
Urnas Abiertas da cuenta de la eliminación de ciudadanos y exiliados, inclusión de fallecidos, lo que se evidencia con la ausencia de hasta un millón de personas respecto al padrón anterior; es decir, hasta 20 por ciento, principalmente en Managua, Matagalpa y Jinotega.
Esta acción se suma a la convocatoria a “quedarse en casa”, como la medida sanitaria, que promueven críticos para que nadie salga a votar y se exponga el total rechazo a la gestión de los Ortega-Murillo y el respaldo a los presos políticos.
El desarrollo ilegal y fraudulento del proceso impide toda posibilidad de que los comicios puedan conducir a un resultado que refleje la libertad de expresiónUrnas Abiertas, Informe
Al respecto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) respaldó la medida, asegurando que es posible acabar con la dictadura bajo el lema “Digamos no a la farsa que se acerca (elecciones). Quedarnos en casa es resistir”.
Además, el informe reporta que en el último año suman mil 513 actos violentos contra opositores como hostigamiento, agresiones y desaparición forzada. De éstos, casi la tercera parte (32%) se cometió contra integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, mientras que 11 por ciento contra periodistas.
Pese a esta evidencia, reconocen que es posible que Ortega deseche cualquier intento de frenar su reelección como lo ha mostrado al desdeñar sanciones y llamados internacionales de liberar a los opositores, por lo que los disidentes insisten en que en caso de que concrete la elección se desconozcan los resultados que, ya se sabe, le darán otro mandato. Se debe “desconocer e ignorar estos resultados”, reiteró.
En tanto, el Cenidh y familiares de opositores denunciaron que los casos están parados, pues jueces afines a Ortega alegan “carga laboral”, con lo que se ha extendido el periodo de 90 días impuestos tras su aprehensión, pues más de la mitad de los detenidos ya sobrepasaron este plazo en prisión o arresto domiciliario. Incluso, calificaron esta acción como una nueva artimaña para retenerlos en la recta final rumbo a los comicios del próximo 7 de noviembre.
- El dato: Las últimas aprehensiones del gobierno fueron contra dos líderes empresariales acusados de lavado de dinero y de promover la injerencia extranjera.
