El favorito republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, cerró el año con un cúmulo de 91 cargos por cuatro juicios que amenazan su aspiración electoral.
Sin embargo, mantiene su sello frontal al encarar a adversarios, pues en cada lectura de cargos además de declararse inocente se dijo víctima de una “cacería” política para sacarlo de la contienda en la que se verá de nuevo frente a frente con Joe Biden, como en 2020 cuando acusó un supuesto fraude, pues su rival confirmó que va por la reelección.
En esta carrera presidencial ataca por igual a jueces, fiscales estatales y especiales, testigos y hasta al Gobierno.
En esta presunta persecución convirtió su red social Truth Social en su máxima tribuna para exhibir a sus detractores como parte de sus actos campaña y atraer votantes, aunque hace alarde por superar ampliamente a sus rivales por lo que rechazó participar en los cuatro debates de su partido, pues sin hacerlo rivales se bajaron de la contienda como su exvicepresidente Mike Pence.
Pese a los juicios, programados entre enero y mayo, el magnate no le teme a posibles condenas, al refrendar que incluso en prisión podría continuar su campaña, pues no ve obstáculos para un segundo mandato, en el que planea indultarse y hacer su voluntad. Y ya lanza amenazas en caso de llegar a la Casa Blanca, como retomar políticas migratorias que eliminó su sucesor, pues prometió una “dictadura” de un día para cerrar la frontera y frenar las oleadas masivas. También busca quitar fondos a quienes lo persiguieron como agencias federales que respaldaron al Departamento de Justicia en su contra y devolver la embestida a Biden y a su familia, al poner el ojo sobre su hijo Hunter Biden, quien enfrenta penas de prisión por portar un arma ilegalmente.
Sin embargo, no todos los cargos que enfrenta podría evadirlos si regresa a la Casa Blanca, pues uno de ellos es estatal, por extorsión y conspiración electoral, por lo que el perdón no sería suficiente.
Y es que en esta larga lista enfrenta delitos que individualmente ameritan hasta 20 años de prisión, como violaciones a la ley RICO —creada para perseguir a organizaciones criminales— y que involucra a 18 cómplices, así como retener documentos confidenciales, que presuntamente dos de sus empleados escondieron antes de que el FBI allanara su mansión en Mar-a-Lago, caso del que hay evidencia, pues un audio lo expone por admitir que cuenta con archivos que no podría mostrar a cualquiera, confirmando que era material secreto.
Por ello, su defensa buscó artimañas para arrebatarle los procesos a detractores como la fiscal de Fulton, en Georgia, Fani Willis, al promover llevar su caso a instancias federales o simplemente demorarlo tras las elecciones, mientras ya fue sacado de dos boletas estatales en Colorado y Maine.
