Por segundo día consecutivo se aplazó la decisión sobre la posible destitución del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a quien responsabilizan de la “grave crisis política y conmoción interna”, por las que la nación ya perdió 500 millones de dólares en dos semanas.
En medio de reclamos de represión, descalificaciones, llamados a la reconciliación y la inasistencia del Ejecutivo a la sesión, la Asamblea Nacional retomó la discusión para definir la continuidad de éste, quien puso fin al Estado de excepción, presuntamente al verse presionado, cuando suman seis muertos por los choques entre indígenas y la Policía.
En punto de las 16:00 horas los legisladores reanudaron el debate que comenzó el pasado 25 de junio; sin embargo, siete horas de posicionamientos no fueron suficientes para votar si se activa o no el artículo 130 de la Constitución para remover a quien lleva un año en el poder.
Al cierre de esta edición y tras más de 70 intervenciones, la oposición lo culpó de la violencia y la falta de soluciones, mismas que recordaron él prometió resolver en 100 días, pero casi en el triple del plazo después provocó una de las perores movilizaciones y crisis por el aumento de precios de la gasolina y alimentos, en medio de una inflación mundial.
A la par de la sesión, Lasso difundió un mensaje en el que reviró la responsabilidad al señalar que dirigentes engañaron a los indígenas. Recordó que se derogó el Estado de excepción y los manifestantes “respondieron con más actos de violencia y terrorismo”, pero aseveró que resolverá “todos los puntos de la agenda de los hermanos indígenas y campesinos”, lo que pareció una estrategia para esquivar el proceso en su contra en el Congreso.
Con la confianza de que la oposición no alcanzaría los 92 votos para removerlo, pues apenas la mitad de esa cifra respaldó el debate, sus aliados externaron que Lasso se mantendría, pese a los golpistas, y acusaron que detrás del plan para derrocarlo hay movimientos del exmandatario Rafael Correa. Y coincidieron en el llamado a trabajar en unidad para atender las demandas sociales.
Durante la sesión virtual, la mayoría de legisladores recurrió a videos como evidencia de la violencia y confrontación. Los que promovieron la destitución denunciaron la “brutal represión” contra quienes exigen un cambio, pues el gobierno optó por la violencia para que los indígenas desistieran, sector que entregó una lista de 10 demandas, pero se ha visto bloqueado por el exceso de fuerza policial.
Este grupo rechazó los calificativos de “golpistas” por promover la destitución para hacer que prevalezca la paz y la democracia y dijeron que el gabinete debe reconocer el manejo errático al restringir la libre expresión y el libre tránsito.
No obstante, pese a su frontalidad contra Lasso admitió que el país está en riesgo de desestabilización y mayor polarización, por lo que recalcaron que no se trata sólo de quitar al mandatario, sino dejar atrás la impunidad y la corrupción y dejar de responder con violencia. Al respecto, Pedro Velasco, representante de Carchi, dijo que la prioridad debe ser defender la estabilidad y no exacerbar los problemas.
Y su compañero Ramiro Narváez, refirió que si le garantizan que con nuevas elecciones el país saldrá adelante y tendrá las medicinas y alimentos que hacen falta, respaldarían el cese, pero reiteró que ésa no es una solución mágica.
En contraste, quienes defendieron la gestión actual mostraron grabaciones de los choques en las calles para denunciar la supuesta infiltración de golpistas y vándalos al recordar que éstos han desvirtuado las movilizaciones para dejar mal paradas a las autoridades, con lo que justificaron la respuesta de las fuerzas del orden. Otros más apuntaron que no se puede responsabilizar a Guillermo Lasso cuando es claro que son ciertos grupos los que provocaron la violencia en la nación.
Y aliados refirieron que no permitirán que se consume el intento de derrocamiento contra el presidente.
En medio de la discusión, Lasso anunció en un video en redes sociales la reducción de 10 centavos por galón de gasolina y diésel, como un paso al diálogo, pero legisladores opositores usaron sus palabras para recalcar la necesidad de remover a un líder que condiciona las demandas sociales, al criticar su propuesta para rebajar el precio del combustible.
Al final, la sesión fue suspendida nuevamente para retomar mañana el debate, cuando se prevé la asistencia de integrantes del gabinete.
