Pese a la promesa de que el Congreso de Perú tomaría una “importante decisión”, el Pleno rechazó nuevamente un adelanto de elecciones generales, con el que buscan contener las crisis, mientras los manifestantes amagan con redoblar las protestas en las que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien “desapareció” de redes sociales.
Luego de tres aplazamientos en dos jornadas en la última semana, los legisladores reanudaron la sesión en torno al proyecto de la Comisión de Constitución, que estipula convocar a comicios en diciembre y que los mandatos del Ejecutivo y del Legislativo concluyan en mayo del 2024, con lo que dejarían sólo dos años para el futuro mandatario; pero tras un largo debate de casi cuatro horas este planteamiento fracasó al sumar sólo 54 votos, lejos de los 87 que se necesitan para aliviar la tensión en la región andina tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.
Y es que 68 parlamentarios, en su mayoría de Fuerza Popular y de Renovación Popular, sufragaron por el no y dos más optaron por la abstención al justificar que el texto que presentó el líder de esa comisión, Hernando Guerra, no recogía las demandas de la sociedad, pues varios sectores de izquierda insisten en una Asamblea Constituyente, aunque el plan ya contemplaba un “sustitutorio” para incluir el fin de las gestiones también de vicepresidentes.
Destaca que en el texto original presentado poco antes de mediodía no se hacía mención más que a los dos poderes, pero admitieron el cambio para tratar de despejar las dudas de las bancadas y alcanzar un consenso en torno a la fecha para elegir al sucesor de Boluarte, quien está por cumplir dos meses en el cargo, pero nuevamente quedaron fuera de la discusión los gobernadores, con lo que se salvan de acortar sus plazos.
Y, aunque algunas bancadas e integrantes del gabinete confiaban en sentar las bases para este proceso, no se logró el paso histórico que anticipó el presidente del Congreso andino, José Williams Zapata, quien declaró en Twitter que el resultado de ayer sería un “ganar-ganar” tras ocho semanas de protestas, en las que han muerto 58 personas.
Tras ese tropiezo, el legislador de Perú Libre Jaime Quito presentó la propuesta de la minoría, con miras a dar salida a la crisis que arrastra la región desde diciembre pasado. En dicho plan, según documentos compartidos por el Congreso, el de la misma fuerza política que Castillo Terrones impulsó acelerar aún más las elecciones al fijar un plazo no mayor a 120 días y que haya una Asamblea Constituyente para actualizar su Carta Magna de la década de los 90.
Pero los rivales la tacharon de “chantaje”, según declaraciones recogidas por medios locales, debido a la premura para que sean en junio próximo, casi un año antes de la propuesta original —prevista para abril del 2024— y rechazaron siquiera abrir el debate en torno a la propuesta izquierdista, pues dicho sector no desiste de la Asamblea.
Ante el revés, Quito admitió la opción de ajustar y promovió acciones para mantener la discusión, pero la directiva decretó otra suspensión en la sesión, la cuarta en la semana, para que será hasta hoy cuando se dé a conocer la propuesta de ese partido al reprogramar la cita en el recinto a las 10:00 horas.
No obstante, ante las críticas y falta de consenso evidenciada en redes sociales, se prevé que dicha propuesta tampoco prospere, pues supone una mayor premura que la que planteó la propia Dina Boluarte para octubre próximo, con el que dejaría el máximo cargo en la nación el primer día del 2024.
En tanto, los disidentes salieron otra vez a las calles en rechazo a la respuesta del Congreso que lleva semanas
desoyendo sus demandas en torno a la urgencia de tener elecciones y la renuncia de la exvicepresidenta, lo que provocó nuevos choques, mientras crece el cerco contra los detenidos en flagrancia. Un día después del arresto de Yaneth Navarro, identificada como presunta promotora de los actos para generar caos y desestabilización, se detectó que tiene lazos con Castillo al confirmarse que como docente tenía nexos con sus aliados y que hay otros intereses en esta lucha.
Al respecto, la Fiscalía que investiga el supuesto pago a manifestantes para sumarse a las protestas vandálicas solicitó mantener en prisión preliminar de siete días a la implicada y a su supuesto cómplice, Cirilo Jara, por su presunta responsabilidad en las movilizaciones antigubernamentales y el financiamiento de hasta a 60 personas para provocar actos violentos en varias ciudades, según información de su propia libreta, de acuerdo con el Ministerio Público, mientras siguen el rastro a los recursos usados.
Previamente, en medio de la expectativa sobre cuánto tardarán en convocar a comicios se reportó que la mandataria cerró su cuenta de Twitter en la que sólo es visible el mensaje “algo salió mal”. Aunque se desconoce el motivo, todo apunta a que las presiones en su contra rindieron frutos, pues decenas de críticos usan estas plataformas para cuestionarla, pero no hubo una postura oficial.
Además, en este escenario Boluarte sigue pendiente de la discusión, pues adelantó que si no prosperan las propuestas en el Legislativo ella enviará dos iniciativas para garantizar que las elecciones se realicen este octubre.
