Las diferencias de Perú con los gobiernos de México y Colombia, a los que tachó de injerencistas, siguen al alza luego de que uno asilara a la familia del presidente depuesto Pedro Castillo y el otro fuera acusado de aumentar la intromisión tras la detención del izquierdista.
La presidenta Dina Boluarte reveló al programa televisivo Panorama que la administración de Andrés Manuel López Obrador brindó protección a Lilia Paredes, ex primera dama y vinculada a la red criminal desde el Palacio de Gobierno, y a sus dos hijos. Con datos de la canciller, Ana Cecilia Gervasi, la nueva líder andina explicó que se tuvo conocimiento de que dicha nación acogió a Paredes, de quien se desconoce su paradero.
Y agregó que tal posición no afecta la investigación por presunta participación en licitaciones irregulares con las que su marido daba contratos públicos a aliados para repartir las sumas destinadas a obras, pero aclaró que el asilo no se extiende a su hermana Yenifer Paredes, quien sigue en arresto domiciliar como cómplice del líder destituido, pero dirigentes andinos exigen aclaraciones.
Al respecto, su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recalcó que siguen las puertas abiertas para asilar a quien cumple 18 meses de prisión por el fallido golpe de Estado, pero admitió que la situación es más compleja que cuando éste se dirigía a la embajada de México hace unas semanas, pues suman 27 muertes por los choques, según la Defensoría del Pueblo. Por ello, AMLO insistió que la decisión dependerá de Castillo, corroborando su tradición de proteger a los perseguidos de otros gobiernos, al tiempo que anunció que la Fuerza Aérea Mexicana alista el traslado de los mexicanos varados.
Y ante las especulaciones de que Paredes y sus hijos estén en la sede diplomática de México, medios locales como RPP descartaron su refugio en las oficinas de San Isidro, pues fuentes del gobierno desmintieron esa versión y no se sabe dónde se encuentran.
Además, el gobierno azteca sugirió adelantar las elecciones, como demanda la población, al asegurar que tal medida calmaría los ánimos y ayudaría a restablecer el orden democrático, al lanzarse contra quienes buscan aferrarse al poder.
En contraste, Boluarte —quien admitió que se distanció hace meses de Castillo— indicó que se mantiene firme en el plan de acelerar las elecciones, al menos cuatro meses antes de lo previsto, pero es el Congreso el que aún no alcanza un consenso. Y busca reducir las crisis con ajustes en su gabinete como el del primer ministro, Pedro Angulo, con miras a reducir las protestas violentas en el país, mientras se impulsa la reactivación económica, pues los aeropuertos tomados o afectados por actos vandálicos ya reanudan operaciones.
Horas más tarde, el país andino se lanzó contra el líder de Colombia, Gustavo Petro, por su reiterada “injerencia” en temas que sólo competen a Lima tras la destitución de Castillo, quien ayer perdió a dos abogados más.
Tras insistentes mensajes en defensa de Castillo Terrones, la Cancillería externó un “profundo malestar” por la falta de prudencia de la nación sudamericana. A través de una nota diplomática calificó de “injerencia inaceptable”, las constantes declaraciones de Petro en torno a la situación política de Perú, una postura contraria a la prudencia al inmiscuirse nuevamente en las acusaciones contra Castillo Terrones.
Sin embargo, destaca que el exhorto para detener estas acciones se da a cinco días del último mensaje del colombiano en torno a la situación jurídica del exmandatario peruano, pues su tuit más reciente sobre el tema fue un día antes de que un juez decretara 18 meses de cárcel contra Castillo Terrones, cuando cuestionó la captura “sin juez y sin defensa”.
