Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá tardaron una semana en endurecer las sanciones y bloqueos contra Nicaragua, tras las reelección “manipulada” de Daniel Ortega, al limitar a su esposa, la vicepresidenta y vocera Rosario Murillo, y al Ministerio Público.
A ocho días de la cuestionada elección, las dos primeras naciones incluyeron en su lista negra al órgano judicial, al considerar que se convirtió en cómplice de la represión contra la oposición, con hasta 39 aspirantes presidenciales y líderes detenidos en cinco meses.
El Departamento del Tesoro de EU recordó que el régimen arrestó a siete candidatos al cargo que retuvo Ortega y actuó “directa o indirectamente en políticas que atentan contra procesos o instituciones democráticos”; mientras que en Gran Bretaña refieren que se debilitó la institucionalidad.
Además, EU congeló el uso de bienes de líderes del sector económico como el superintendente de Bancos, Luis Montenegro; el viceministro de Hacienda, José Adrián Chavarría; el ministro del área, Salvador Mansell; el director del Instituto Nacional del ramo, José Castañeda, y el gerente del Despacho de Carga de la eléctrica, Rodolfo López.
En tanto, la gestión británica retiró el visado y congeló fondos de la vicepresidenta Murillo y extendió restricciones contra la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, la fiscal general Julia Guido, los jefes de la Policía, Juan Valle y Fidel Domínguez, el líder de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y dos operadores del mandatario Ortega.
A estas medidas se sumó Canadá, que anunció sanciones similares contra 11 aliados orteguistas por conducir a la nación “al autoritarismo”, añadiendo a la lista al asesor Bayardo Arce, esto luego de reclamar la farsa y desconocer los comicios en la reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA).