La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhibió una “grave violación” a las garantías en Perú en las protestas masivas tras el arresto del expresidente Pedro Castillo y en las que exigían la renuncia de su sucesora, Dina Boluarte; informe que rechazó ese gobierno.
A casi cinco meses de esta gestión, el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó que los cuerpos de seguridad se excedieron en el uso de la fuerza y advirtió que tal desproporción equivale a ejecuciones extrajudiciales y masacres étnico-raciales, pues la mayoría de víctimas es de comunidades indígenas y campesinas.
Según el informe de más de 100 páginas, la respuesta policial en Lima, Ica, Arequipa y Cusco destapó una presunta discriminación y estigmatización contra los presuntos sectores violentos, mientras que en Juliaca abundaron las víctimas ajenas a las protestas.
Enfatizó que manifestantes y hasta terceros que sólo ayudaron a víctimas heridas recibieron impactos de bala y sufrieron lesiones por perdigones, lo que provocó la muerte de más de 60 personas, según una revisión en torno a la contención de las protestas entre diciembre del 2022, cuando estalló la crisis, y enero pasado, con lo que exhibió actos extrajudiciales y múltiples conductas ligadas a la privación de la vida
Ante esta situación, urgió a la mandataria investigar a sus fuerzas de seguridad, pues recriminó que éstas respondieran con disparos a agresiones con piedras, palos y artefactos incendiarios.
Sin embargo, Boluarte repudió la conclusión del organismo y defendió a sus Fuerzas Armadas ante el estallido social.
“Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacres”, afirmó en conferencia respaldada por su gabinete, pese a que ella también se vio involucrada en violaciones al ser acusada por genocidio.
Agregó que siguen las investigaciones por los lamentables decesos, pero rechazó las críticas a sus cuerpos de seguridad.
Su postura fue respaldada por el primer ministro, Alberto Otárola, y por el Congreso al señalar que no están obligados a atender las recomendaciones de abrir el diálogo con afectados y garantizar la reparación del daño, pues desconocieron las supuestas violaciones enlistadas.
Incluso, los legisladores señalaron que no se puede atender un informe sesgado, pese a que la CIDH reconoció que el mismo gobierno advirtió que en estas marchas hubo gente infiltrada para generar más caos en rechazo a la gestión de la antigua vicepresidenta.
