La muerte, militarización y crisis humanitaria denunciadas por opositores, ONG y la comunidad internacional en Venezuela fueron finalmente confirmadas ayer, bajo un documento oficial de las Naciones Unidas que, entre otras cuestiones documentó 5 mil 287 fallecimientos durante operativos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, el año pasado.
Ayer, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, después de reunir los resultados de su visita, el mes pasado a Caracas, denunció una elevada cifra de homicidios extrajudiciales.
El informe internacional quedó sustentado en más de 550 entrevistas realizadas por la oficina de Bachelet a defensores de derechos humanos, víctimas, testigos de violaciones y otras fuentes.
Bachelet y su equipo sostuvieron cerca de 160 reuniones con actores del Estado y de la oposición. La misma comisionada se reunió con el presidente Nicolás Maduro, a quien comprometió a darle acceso sin condiciones a instalaciones carcelarias, donde, se presume, ocurre el mayor número de violaciones, con tortura y abusos sexuales a las personas detenidas por estar involucradas en protestas contra el gobierno.
"Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el Poder Ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de los Derechos Humanos”.
Michelle Bachelet
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
Las más de 5 mil 200 muertes extrajudiciales contadas por la ONU en el reciente informe fueron justificadas por el chavismo por “resistirse a la autoridad”. Además, otras mil 569 se dieron este año (hasta el 19 de mayo), indica el reporte.
La oficina de la Alta Comisionada también validó números independientes del Observatorio Venezolano de Violencia, que contó 7 mil 253 homicidios, también en manos del gobierno y al menos 2 mil 124 entre enero y mayo de 2019.
“La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada”, se señala.
Los entrevistados por la ONU nombraron de manera constante a las FAES como “escuadrón de la muerte” o “grupo de exterminio”. Las ONG responsabilizan a estos grupos de cientos de asesinatos.
En línea con los hallazgos, Bachelet emitió una veintena de recomendaciones al gobierno de Maduro, para garantizar la libertad de prensa y proporcionar atención médica adecuada. Destaca el exhorto a desarmar y disolver los grupos civiles armados partidarios del régimen, conocidos como “colectivos”, que existen desde la administración del fallecido Hugo Chávez.
El reporte de un observador imparcial como Naciones Unidas se publica cuando la crisis política interna de Venezuela en años recientes ha dividido a la comunidad internacional. Más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, muchos vecinos sudamericanos de Venezuela y naciones europeas, han reconocido al opositor Juan Guaidó como el líder legítimo del país, aunque Maduro permanece en el poder.
CONCLUSIONES. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH) considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela.
“El gobierno (de Maduro) se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social”.
Pese a reprochar inacción del chavismo, la ACNUDH advierte que las recientes sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela están agravando la crisis económica, “lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute de los derechos económicos y sociales”.
"El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de Derechos Humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de Derechos Humanos”
Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela
Además, denunció que durante más de una década, Venezuela, ya adentrada en su Revolución Bolivariana, adoptó una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial.
“Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa”, señala el informe.
Todo ello, agrega, permitió al gobierno “cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición y a quienes se considera constituyen amenazas por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas”.
Para el primer documento oficial de las Naciones Unidas durante el gobierno de Maduro, los pueblos indígenas venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos individuales y colectivos.
“Al ACNUDH le preocupan especialmente los informes de amenazas y actos de violencia contra autoridades y dirigentes indígenas y la represión selectiva de los pemones (grupo étinico al sur del estado de Bolívar) que se oponen al gobierno.
La delegación de Derechos Humanos urgió, de esta manera, a iniciar una investigación más amplia sobre los derechos de los pueblos indígenas, con especial atención a la represión y las violaciones a sus derechos colectivos a la tierra, los territorios y los recursos.
En este sentido, apuntó a las denuncias por la explotación minera en la región, el último recurso al que recurre el chavismo para financiarse, al ya no tener opción de solventar sus programas con las ganancias del petróleo, sancionado por Estados Unidos.
En otro apartado, la comisión externó su preocupación por los crímenes contra la libertad de expresión y los que han orillado al éxodo de unos 4 millones de venezolanos.
“El Estado venezolano ha denegado los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Al ACNUDH le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas en otros países y que las condiciones de las personas que permanecen en Venezuela empeoren”, concluyó.
El Dato: Foro Penal manifestó que el informe de Naciones Unidas sirve para comprobar el mecanismo de persecución del sistema de justicia.
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