El gobierno español y la oposición cruzaron declaraciones por el citatorio de la fiscalía al presidente Pedro Sánchez, mismo que podría anularse.
Aliados del mandatario tacharon de “grotesco” e “injustificado” el hostigamiento contra el secretario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por la investigación que se abrió desde abril pasado en contra de la primera dama, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias.
Dicho sector argumentó que según la ley el ejecutivo federal no está obligado a declarar, pese a que las autoridades insisten que acudirán a recoger testimonio a La Moncloa el próximo 30 de julio. Abundaron que no pueden forzarlo ni en calidad de presidente ni como esposo de una presunta imputada, pues la ley lo protege de casos que involucran a su cónyuge.
Y de inmediato su fuerza política acusó a la extrema derecha de aumentar la persecución contra el líder, aunque es posible que la Fiscalía recule, pues sigue en vilo si acudirán o no al Palacio de Gobierno, según informes de Europa Press; en respuesta, la derecha descartó que el citatorio a Pedro Sánchez sea por ser presidente, al insistir que es esposo de una sospechosa y lo que se busca es aclarar conductas irregulares de ella.
Además, el Partido Popular (PP) y Vox se lanzaron contra Begoña Gómez al calificar su silencio de “insulto a los españoles y un ataque al Poder Judicial”, aunque admitieron que no esperan más de la pareja presidencial luego de los presuntos delitos cometidos por la primera dama para favorecer a colegas en contratos del gobierno, en los que se presume que habría ayudado al empresario Juan Carlos Barrabés, escándalo por el que el mandatario ibérico amagó con renunciar, pero tras una reflexión de cinco días permaneció en el poder.
