Crisis política en Perú

Colombia y Bolivia solicitan a la CIDH medidas cautelares para Pedro Castillo

Pedro Castillo, hoy expresidente de Perú, fue detenido el miércoles pasado por rebelión y conspiración; Gustavo Petro y Evo Morales exigieron a la CIDH “expedir medidas cautelares” en favor del peruano

Gustavo Petro, presidente de Colombia (izq.) y Evo Morales, exmandatario de Bolivia (der.).
Gustavo Petro, presidente de Colombia (izq.) y Evo Morales, exmandatario de Bolivia (der.). Foto ilustrativa: Especial

Colombia y Bolivia abogaron por el expresidente de Perú, Pedro Castillo, al demandar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para el izquierdista, detenido por rebelión y conspiración.

Luego de la aprehensión del exmandatario, el Ejecutivo colombiano, Gustavo Petro, solicitó al organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) “expedir medidas cautelares” en favor de quien aseveró fue arrinconado por la oposición hasta la crisis que se detonó ayer.

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A través de su cuenta de Twitter urgió a “aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos” y aseguró que su aliado “se equivocó al tratar de usar el artículo de la Constitución peruana que permite disolver el Congreso”, pues trató de combatir la antidemocracia con la misma arma.

En tanto, el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, quien fue asilado por el Gobierno de México, urgió garantizar medidas cautelares tanto para Castillo Terrones como para su familia al considerar que su integridad está en riesgo ante “el discurso de odio y las amenazas de escarmiento de la derecha peruana y sus medios de comunicación”.

Incluso, al igual que otros mandatarios latinos como Andrés Manuel López Obrador, de México, refirió que Castillo fue víctima de una conspiración antidemocrática y hostigamiento.

Previamente el principal órgano de la OEA condenó las acciones de Castillo Terrones al considerarlas contrarias al orden constitucional, por lo que llamó a todas las instituciones de la región andina a garantizar la gobernabilidad en apego al Estado de Derecho.

CEHR

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