Colombia reactivó las negociaciones de paz al suspender varias órdenes de aprehensión contra exguerrilleros e impulsar la reclasificación de la hoja de coca, considerada como sustancia controlada.
Como lo prometió al asumir el gobierno, el presidente Gustavo Petro impulsa una estrategia contra disidentes. Y a dos meses de un tropiezo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), abrió un acercamiento con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Para facilitar este proceso puso sobre la mesa el retiro temporal de 19 arrestos contra líderes de la agrupación liderada por Iván Modisco al reiterar que es posible acabar con el crimen organizado al cambiar la lucha fracasada, en referencia a gobiernos extranjeros; pero destaca que sigue vigente la aprehensión de Javier Alonso Velosa García o John Mechas, presunto autor intelectual del atentado contra el helicóptero en el que viajaba el entonces mandatario Iván Duque, quien habría sido el criminal 20 en esa lista.
El fiscal Francisco Barbosa confirmó que a petición del mandatario se puso una pausa a los casos judiciales con miras a discutir el cese de hostilidades en favor de la recuperación de la tranquilidad a más de medio año de esta gestión y tras un preacuerdo en La Habana, Cuba. Y dijo que ninguno es requerido por otras naciones, en referencia a una extradición.
Poco después, Petro puntualizó a través de su cuenta de Twitter que se trata de “un segundo proceso de paz” al establecer una mesa de diálogo con el Estado Mayor Central del grupo que incumplió el abandono de la lucha armada.
No obstante, el líder no ofreció detalles ni enlistó prioridades sobre esta negociación, en la que se prevén beneficios legales, como una amnistía, para quienes estén dispuestos a deponer las armas.
En otro tuit recalcó que con este paso casi la mitad de las personas armadas “entran en negociación”, en referencia a la organización considerada terrorista por Estados Unidos hasta hace unos años, tras el Acuerdo de Paz con Juan Manuel Santos, el precedente en los esfuerzos para acotar el control de las guerrillas, paramilitares y grupos ligados al tráfico de drogas, como el Clan del Golfo, el cártel colombiano más grande.
A la par de estos hechos se reportó que Colombia demandó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) corregir el “error histórico” de clasificar la hoja de coca —materia prima de la cocaína—, como estupefaciente, pues a su parecer no debería estar prohibido, pues en su estado natural no es una droga.
Ello, refieren, permitiría reenfocar la lucha contra los eslabones del narco e implicado en lavado de dinero, según AP, y no contra campesinos.
“La planta no es el problema es parte de nuestra historia y tradiciones”, sostuvo la viceministra de Asuntos Multilaterales regional, Laura Gil, ante la Comisión de Estupefacientes en busca de romper con la fiscalización de esta sustancia.
Incluso, el gobierno sudamericano recalcó que se podrían sentar las bases para regular dicha sustancia y hablar sobre sus usos alternativos, incluso medicinales y hasta terapéuticos como el caso de la cannabis, despenalizada en algunos territorios a nivel mundial.
