“Brazo operativo opositor”, dice

Corte, al servicio de la oposición, acusa Fernández

Líder de Argentina se lanza contra jueces por retrasar elecciones locales; culpa al exlíder Macri del cambio abrupto

El mandatario argentino durante un mensaje al Poder Judicial, ayer.
El mandatario argentino durante un mensaje al Poder Judicial, ayer. Foto: Especial

La suspensión de elecciones en dos provincias de Argentina enfureció al presidente Alberto Fernández, quien cargó contra la Corte al acusar que ésta se convirtió en un “brazo operativo opositor”.

“La Corte es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición”, asestó en un duro mensaje en cadena nacional tras la polémica sobre San Juan y Tucumán a unos días del proceso local, pues refirió que dicho revés se da en regiones en las que aventajaba el peronismo, lo que calificó como un golpe democrático.

Cuestionó la postura antidemocrática y de degradación del Poder Judicial, pues señaló que éste los ataca desde hace meses y ahora usa su autoridad para violar los principios democráticos.

Incluso, Fernández señaló a su opositor y antecesor Mauricio Macri como responsable del cambio, pues consideró sospechoso que la decisión de dudosa legitimidad se dé después de un mensaje de éste en torno al proceso del fin de semana. Insistió que cada vez hay mayor intromisión y ésta no viene del gobierno, sino de un grupo de jueces que usan a la democracia como rehén. Y apuntó que la decisión parece beneficiar a los candidatos del partido rival, pero no hubo respuesta del exmandatario.

Se reveló que uno de los motivos para retrasar la cita electoral fue que uno de los contendientes y aliado peronista no puede aspirar por cuarta vez a la reelección al superar el límite previsto por la ley, acto similar con el actual gobernador de Tucumán, pero el líder advirtió a ese sector que no lograrán controlar los comicios, pues “jamás podrán suspender la voluntad popular”.

Recordó que la afrenta de la Corte escala cada día más en su postura antidemocrática, pues es el mismo poder que arremetió contra su vicepresidenta Cristina Kirchner, por presunta corrupción, hecho por el que la exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación permanente de cargos públicos para sacarla de la jugada rumbo a las presidenciales del próximo año.