Autoridades de Estados Unidos reforzaron el cerco contra el expresidente Donald Trump y su círculo cercano en torno a los presuntos intentos para anular las elecciones del 2020, mientras crecen las diferencias por el allanamiento en su mansión de Mar-a-Lago.
Entre los que están en la mira por su interferencia en las últimas elecciones presidenciales, destaca su exabogado Rudolph Giuliani, quien pasó de ser un testigo clave a un “objetivo”, según el propio exalcalde de Nueva York.
Según información de su defensa, publicada inicialmente por The New York Times tras una declaración del jurista Robert Costello, Rudy es indagado por el condado de Fulton por la presión que ejerció para revertir los resultados en Georgia, pues fiscales recordaron que fue uno de los promotores de presuntas teorías de conspiración.
Sin embargo, su equipo legal rechazó que testifique, pese a que el citatorio es para mañana, argumentando que la información que tiene está protegida por el privilegio abogado-cliente.
Incluso, Giuliani tomó la misma postura que su exrepresentado y acusó que se trata de un citatorio con motivaciones políticas, a casi dos años de que Trump dejara la Casa Blanca.
Puntualizó, justificando su negativa a declarar, que se sabe que Atlanta tiene un alto nivel de corrupción, dejando entrever que hay un interés político en su contra, pero también abrió la puerta al plan del exmandatario, pues como creían que había irregularidades pudieron prever que tenían facilidad para alterar el resultado en busca de la reelección del entonces mandatario.
Para la fiscal Fani Willis la citación busca ahondar en la estrategia de Trump para “hallar” suficientes votos y así revertir la victoria de Joe Biden, actual presidente de EU, pues Giuliani, quien es buscado para comparecer desde mayo pasado, fue uno de los que instigó sobre un supuesto fraude y actos potencialmente ilegales para favorecerlo en los comicios.
En este caso también se espera la declaración del senador Lindsey Graham, señalado como uno de los que acosó telefónicamente a funcionarios y al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para encontrar irregularidades en los votos de esa entidad, pues según la indagatoria solicitó revisar de nuevo las papeletas alegando presuntas irregularidades.
De acuerdo con el juez, el testimonio del representante de Carolina del Sur es crucial para conocer a detalle qué pretendía al llamarlos, pues todo apunta a que querían modificar el resultado estatal; mientras que el aliado del exmandatario justifica que se trató que un deber constitucional.
Ante esta situación, se prevé que ambos se nieguen a declarar, lo que recuerda que Trump rechazó lo mismo ante la fiscal de Nueva York, Letitia James, por un presunto fraude acogiéndose a la Quinta Enmienda, pero no queda claro si podrían ser acusados de algún cargo.
En esta polémica, el exmandatario pareciera tratar de desviar la atención de las indagatorias, al concentrarse sólo en el “asalto nunca antes visto” en su contra por el allanamiento y se lanzó de nuevo contra el FBI.
“Me robaron tres pasaportes (uno vencido)”, acusó a través de Truth Social, que ha convertido en su principal tribuna ante el bloqueo en Twitter, elevando su disputa y golpeando la credibilidad de la agencia que decomisó varios archivos, entre ellos material “ultraconfidencial”.
Su nuevo round se da a unas horas de que llamara a rebajar “la temperatura” para evitar una escalada en el país durante una entrevista en Fox News, luego de reportes de amenazas contra el FBI y el Departamento de Justicia. Sin embargo, esta postura se le olvidó muy rápido y reiteró que es víctima de una “cacería de brujas” tildando al actual gobierno de “tercer mundo”.
Pese a estos nuevos señalamientos, fuentes del gobierno rechazaron que en la redada de la semana pasada la agencia se quedara con esas identificaciones, aunque no fue una respuesta oficial, y hasta se generó otra polémica sobre por qué el mandatario tendría dos pasaportes vigentes.
Y en medio de las crecientes disputas en torno a la legalidad y justificación de la irrupción en Palm Beach, el Departamento de Justicia rechazó revelar la declaración jurada que llevó a catear esta residencia.
Demandó a un juez mantener “sellada” esta información al referir que es necesario proteger la integridad de la investigación, al tratarse de un tema de seguridad nacional, pues advirtió que difundir de manera pública información “sensible” provocaría consecuencias devastadoras.
Asimismo, argumentó que revelar datos jurados pone en riesgo la trayectoria de la indagatoria, revela esfuerzos de investigación y socava la capacidad de agentes para recopilar más pruebas o testimonios confiables.
