Disidentes en Cuba denunciaron fuertes presiones de aliados del presidente Miguel Díaz-Canel para votar en las elecciones municipales, ante la baja participación, aunque el régimen presumió que ésta alcanzó casi 65 por ciento.
Ciudadanos, observadores electorales y medios de comunicación críticos relataron que debido a la baja audiencia durante la jornada en la que se elegirían autoridades municipales, el gobierno revolucionario movilizó a sus aliados para tratar de llenar las mesas electorales.
El régimen esperó unas horas, pero a mitad del proceso reconoció que el nivel era inferior a lo pronosticado, y antes del regreso del líder de la isla —quien estuvo de gira por Rusia y otros países de Asia— puso en marcha su estrategia para cambiar el panorama.
Entonces, decenas de afines a Díaz-Canel avanzaron casa por casa en toda la isla para invitar a gritos a la población a sufragar, pero sólo los adultos mayores respondieron al llamado para ir a las urnas ubicadas en escuelas y centros de salud. Por ello, el régimen redobló el plan para forzar a todos los sectores a ir a votar, pues algunos denunciaron en redes sociales que entregaron comida a cambio de que salieran a los centros de votación, acusación que desmintió el diario oficial Granma al detallar que se facilitó la recepción de boletas electorales a personas con problemas de movilidad.
Asimismo, se acusó al gobierno de limitóar el acceso a Internet en estos puntos para evitar que quienes están en su contra pusieran en duda la participación que finalmente cerró, según el Partido Comunista de Cuba (PCC), en 64 por ciento, tras un recuento que comenzó una hora más tarde de lo previsto, pues se mantuvieron abiertas las urnas para engrosar el informe oficial, pues unas horas antes ésta apenas rebasó 50 por ciento del padrón electoral.
Al respecto, diarios locales denunciaron que algunas zonas se encontraban fuertemente vigiladas, casi sitiadas, para evitar incidentes con críticos de alto nivel, a quienes considera representan una amenaza para el régimen.
Esas incidencias fueron documentadas por observadores y disidentes, pero para evitar la difusión de esa información, el gobierno restringió el acceso a las mesas de votación a misiones, pues sus informes contrastarían con la versión oficial al concluir la jornada electoral.
Sin embargo, la juventud y disidencia ratificó su descontento con el gobierno con nuevos actos de resistencia, al señalar que no serían parte de las elecciones, pues La Habana no permite la competencia, al cerrar el paso a críticos, pues sólo se favorece al PPC, hecho que saben se repetirá en las presidenciales del 2023. Y es que en años previos, el régimen admitió la postulación de críticos, a sabiendas que no se querían con ningún cargo.
A través de redes sociales este sector impulsó una campaña con el hashtag #YoNoVoto para evidenciar la falta de confianza en un proceso en el que sólo los que apoyan a Díaz-Canel se repartirían los más de 12 mil puestos en disputa. Estrategia que respaldaron miles de cubanos que residen fuera de la isla, mismos que fueron restringidos según la Ley Electoral, lo que supone una represalia por estar en contra del régimen.
Mientras que otros convocaron a acudir y votar en abstención para mostrar el descontento por la situación actual que vive el país, pues además de una crisis económica por la inflación y por la pandemia de Covid-19, siguen las restricciones y controles contra los disidentes cubanos, pues cientos de ellos enfrentan fuertes condenas en prisión por protestar en julio y noviembre del año pasado.
