Opositores en Irán denunciaron que la supuesta “desaparición” de la policía moral no es más que un distractor, especialmente ante el mundo, mientras en la región sigue la represión por las protestas.
Un día después del anuncio del fiscal general, Mohammad Jafar Montazeri, quienes se sumaron a la huelga contra el régimen desmintieron la supuesta disolución, al señalar que el sector aparentemente ya no vigila en las calles, pero persiste la persecución contra la disidencia a través de otras fuerzas de seguridad.
La investigadora líder de la organización Article 19 en la región, Mahsa Alimardani, aseveró que la postura de la que no hay certeza pareciera una señal para hacer creer a la comunidad mundial que es posible modificar las estrictas leyes islámicas, pues resumió el plan de aligerar las normas de vestimenta, en torno al hiyab o velo como “información errónea sobre moralidad que distrae”.
Y consideró que tales declaraciones sólo pretenden quitar la presión sobre el régimen de Ebrahim Raisi, acusado de violaciones a los derechos humanos, pues el gobierno no ha corroborado el hecho ni hubo una firma de por medio.
Y aseveró, a través de su cuenta de Twitter, que a la par de las declaraciones de aliados del régimen en la nación sigue la represión desde distintos frentes, como multas económicas contra quienes se suman a las protestas y al paro generalizado que comenzó ayer y nuevos cortes a Internet, para evitar que se difundan videos de las movilizaciones y la contención o respuesta policial.
Asimismo, Alimardani enlistó otros castigos como las sentencias de muerte, hecho que denunció desde hace semanas la organización Iran Human Rights, la misma que contabiliza casi 450 víctimas letales de la represión ante las movilizaciones masivas que comenzaron en septiembre pasado tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, a manos de la llamada patrulla islámica o de la decencia.
Pero las severas represalias del gobierno no evitaron las huelgas a las que se sumaron miles de ciudadanos y hasta comerciantes, a quienes el régimen asedió para obligarlos a abrir sus locales o de lo contrario hasta los arrestarían, sin especificar los cargos a fincarles.
Al respecto, cientos de críticos aplaudieron el coraje de los dueños de tiendas en el Gran Bazar de Teherán, pues el cierre de hasta tres días significa otro rechazo al gobierno, que insiste en aprehender y golpear a los jóvenes y manifestantes que cuestionan las normas islámicas.
En tanto, Iran Human Rights dijo que el régimen usa a hackers para perseguir a disidentes, pues con apoyo de este sector ha hostigado a casi una veintena de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, principalmente a través de tácticas como phishing, para engañarlos por correo electrónico
Dicha situación expone a riesgos significativos a quienes cubren las movilizaciones para denunciar la situación actual, expuso la directora de seguridad de información de la organización, Abir Ghattas, según un comunicado.
