A dos semanas de la polémica liberación del exmandatario peruano Alberto Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) arremetió contra Perú y lo declaró en desacato.
Tras una nueva revisión del caso, recriminó a la nación andina, bajo el mando de Dina Boluarte, por ignorar el llamado a abstenerse de ejecutar la excarcelación que ordenó un tribunal al enfatizar que el dictador fue juzgado por crímenes de lesa humanidad por enviar matar a campesinos durante los peores años de lucha contra el Sendero Luminoso.
Incluso, recalcó que tal postura no sólo fue en contra de una demanda global, que respaldan activistas, críticos y hasta familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, sino una violación a las normas, pues existían precedentes para impedir su salida desde 2018 y 2022, pero la región optó por validar un indulto otorgado por uno de los sucesores del polémico líder, como Pedro Pablo Kuczynski, quien no concluyó su gestión por un escándalo de corrupción.
Por ello, el organismo global exhortó a las autoridades, según una resolución, a supervisar la investigación y sanciones ligadas a las graves violaciones de derechos humanos por las que fue juzgado el político que ahora está en su casa tranquilamente, mientras su pueblo exige justicia nuevamente ante el revés por los delitos cometidos hace décadas. Y hasta impuso un plazo de poco más de dos meses para exponer las sentencias impuestas y medidas aplicadas, hasta el momento, contra los responsables de esas masacres.
Pero a la CorteIDH no le basta con ese documento, pues advirtió que solicitará nueva información incluso cada tres meses, en caso de ser necesario, hasta garantizar total justicia por esos homicidios, sin que hasta el momento ni el aludido ni su familia den respuesta al reclamo.
