Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida de cargos públicos por presunta corrupción durante su gestión —entre 2007 y 2015—, aunque ello no implica su inmediata captura.
A casi tres años de iniciar el juicio, un tribunal federal ratificó la culpabilidad de la exmandataria por más de 50 licitaciones viales irregulares en favor del empresario Lázaro Báez, señalado como aliado de la peronista, luego de que el fiscal Diego Luciani reiteró que cometió una de las mayores estafas en el país, pues el delito asciende a mil millones de dólares (casi 20 millones de pesos).
Sin embargo, sólo se fijó la mitad de los 12 años solicitados, pero logró que se “borrara” a la funcionaria de 69 años de la vida política, pues no podrá ejercer otro cargo al ser la primera número dos en funciones condenada en el país.
De inmediato, la también ex primera dama se lanzó contra lo que denominó como “mafia judicial”, al sostener que se le declaró culpable desde 2019, cuando comenzó la persecución.
Incluso, en una transmisión en vivo desde el Senado —donde siguió el veredicto— mostró la evidencia de complicidad en el Poder Judicial en su contra, al detallar que la realidad de este castigo es que le cobraron la factura por el desdén en su gestión, pues rechazó convertirse en la “mascota de (Héctor) Magneto”, el director del diario El Clarín.
Pero no se inmutó ante la posibilidad de ir a la cárcel, que su defensa aún puede impugnar la resolución. Apuntó que este acto demuestra que no se dejó doblegar por la “mafia” que coarta las libertades de políticos y ciudadanos que no entran en el juego del grupo de jueces, fiscales y medios, pues aseveró que en su gestión no la doblegaron como a su difunto esposo, Néstor Kirchner, pues al término de su gobierno le sacaron la fusión de Cablevisión y Multicanal, lo que no se repitió con ella, en Telecom.
Asimismo, se dijo lista para encarar el castigo por desafiar a un sistema que no toleró que hiciera lo contrario a lo que querían, pena de seis años, mayor a la de su supuesto cómplice Báez y de entre tres y seis años contra siete acusados más; al respecto, recordó que en su gobierno rechazó la corrupción del sistema de poder económico y político de esta agrupación, delito que ahora se le imputa, luego de que ese sector logró fijar en el pasado los precios de telefonía celular e Internet. Y agregó que jamás huirá del país, pues “tengo el cuero duro”, para soportar esos embates.
Fernández de Kirchner añadió que ante este acorralamiento acatará la pena, pues a partir del 10 de diciembre no tendrá fuero por lo que podría ser detenida. Y lanzó a sus opositores que deben estar felices porque podrían verla en prisión o incluso muerta, pues sentenció que sólo otro intento de homicidio como el que vivió en septiembre pasado cuando Fernando Sabag le apuntó directamente a la cara, pero el arma no se accionó, impedirá que acabe encarcelada.
Sin embargo, comentó que el peor castigo es el destierro político al considerar que “la condena real es la inhabilitación”, pues al ser excluida no volverá a ser legisladora o hasta presidenta.
Asimismo, adelantó que no contenderá por ningún cargo en el 2023, cuando la candidateaban de nuevo al máximo cargo en el país y aclaró que “no voy a someter a la fuerza política (peronismo) a que la maltraten en época electoral”, pues su nombre no aparecerá en la próxima boleta, para evitar que esta sentencia se convierta en un arma política.
También insistió que este proceso fue orquestado por funcionarios y medios de comunicación que no ejercen el periodismo como El Clarín y La Nación, pues advirtió a éstos que no pueden creer que aún gozan de confianza ciudadana, pues hace tiempo se evidenció que el primer medio patrocinó un viaje con líderes del Poder Judicial para definir la estrategia contra opositores como ella, hecho del que mostró evidencia como conversaciones de Whats App.
E insistió que sin importar los años que la quieran encerrar, pues podrían ser hasta 20, jamás se convertirá en un títere de esta mafia.
Posteriormente, el presidente Alberto Fernández, quien ordenó investigar el entramado judicial, cuestionó la parcialidad del proceso y externó su solidaridad a quien consideró una víctima del Grupo Clarín, pues se violó todo principio al juzgarla dos veces por lo mismo.
A través de su cuenta de Twitter, expresó su solidaridad al sentenciar que fue “víctima de una persecución injusta”, pues dijo que la justicia se escapó de las manos del Poder Judicial al permitir que la política enturbiara el juicio, hecho que respaldaron otros aliados.
Hecho al que se sumó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al calificar la sentencia como “venganza política” y “vileza antidemocrática”, en un mensaje en redes sociales.
En tanto, opositores resaltaron que después de años la mandataria rendirá cuentas por corrupción, pues ayer la justicia ganó contra la impunidad.
