A dos días de que 13.4 millones de votantes acudan a las urnas en Ecuador, tras una campaña marcada por la violencia, la familia de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado la semana pasada, presentaron este viernes una denuncia por el delito de “asesinato por omisión dolosa” contra el Presidente, Guillermo Lasso, como representante del Estado, y contra otras autoridades.
La denuncia también está dirigida contra el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, entre otros, por considerar que no se cumplieron los protocolos de seguridad ni la protección completa que debía tener el abanderado de Movimiento Concertación, quien tenía un nivel de riesgo del 97 por ciento, determinado por la propia Policía.
Marco Yaulema, abogado de la familia, cuestionó los protocolos de seguridad aplicados el 9 de agosto, cuando Villavicencio fue asesinado al ingresar en la parte trasera de una camioneta de doble cabina, que estaba en la calle, que no era blindada, ni tenía conductor, mientras que el vehículo que sí era blindado estaba a dos minutos de llegar, según dijo.
“Oh sorpresa, no esperaron estos dos minutos, lo trasladaron sujetado de brazos, con una botella en la mano izquierda, no sé de qué sustancia, sujetado por miembros policiales de los brazos, impidiendo su movilidad.
“Cuando ya estaba en el asiento posterior, recibió dos balazos en la cara y uno en el cerebro. Hubo una omisión dolosa, el Estado ecuatoriano no cumplió su papel de garante”, añadió.
Agregó que no existió el número adecuado de custodios, aunque la Policía dice que el candidato tenía tres anillos de seguridad. Subrayó que acudirán a organismos internacionales de ser necesario pues no confían en la justicia del país.
Hubo una omisión dolosa, el Estado ecuatoriano no cumplió su papel de garante. Si él (Lasso) quería en realidad proteger a Fernando Villavicencio, tenía que haber realizado políticas idóneas que no las hizoMarco Yaulema<br>Abogado de la familia Villavicencio
El abogado cuestionó también que el sospechoso de haber disparado no haya sido trasladado inmediatamente a una casa de salud con custodia, sino llevado a instalaciones de la Fiscalía, donde murió.
Yaulema apuntó que la familiar y los cercanos a Fernando Villavicencio necesitan protección urgente, y advirtió que si les ocurre algo, “será responsable el Estado”, por omisión. Por lo anterior, presentaron la denuncia por el delito de asesinato por omisión dolosa, penado con hasta 26 años de cárcel.
En un comunicado, la Secretaría de Comunicación aseguró que entiende el dolor de la familia, pero calificó de inaceptable que se considere que las autoridades dejaron en abandono al candidato y pidió “que no se politice el caso y se permita al sistema de justicia avanzar con las investigaciones” para llegar a la verdad procesal.
Tras dos semanas de intensa campaña política y los esfuerzos de los ocho candidatos presidenciales para captar el voto de los ecuatorianos, desde la madrugada de ayer rige el período de silencio ante unas atípicas elecciones dominadas por el temor tras el reciente asesinato de uno de los postulantes y otros dos políticos.
“Los ecuatorianos estamos yendo a las urnas guiados por el miedo. El principal objetivo es elegir un presidente que luche contra la inseguridad. (El crimen de Villavicencio) golpeó al país en el rostro y le mostró la enorme violencia”, dijo a AP la analista Cristina Bayas.
El clima de violencia también se vive en las calles donde el sicariato, la extorsión, los secuestros y la delincuencia mantienen en vilo a la población. Por ello el gobierno desplegó un operativo alrededor de los recintos electorales.
