El régimen de Daniel Ortega se lanzó nuevamente contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) al imponer cambios legislativos, con carácter de urgencia, para tener un mayor control y regulación de éstas.
Con el respaldo de 77 diputados de la Asamblea sandinista, se aprobaron medidas presentadas por el presidente del órgano legislativo, Gustavo Porras, para aumentar la transparencia y vigilancia de estos grupos, a los que la dictadura ha restringido al acusarlos de convertirse en agentes extranjeros.
Con este nuevo marco legal desaparece el término ONG, por recomendación del Grupo de Acción Financiera internacional y se deroga la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, vigente en la nación desde tres décadas y de la que la pareja presidencial Ortega-Murillo se sostuvo para desaparecer 100 fundaciones y movimientos políticos, ambientalistas y de periodistas por años.
Además, se otorgan mayores facultades al régimen, a través del Ministerio de Gobernación, para supervisar en cualquier momento el cumplimiento de las nuevas medidas, de lo contrario podrían ser suspendidas o perder su personalidad jurídica, como ha ocurrido recientemente con universidades estatales y extranjeras.
Incluso estos cambios contemplan hasta la confiscación de bienes si se comprueba la comisión de delitos, se obstaculiza la vigilancia gubernamental o cae en actividades prohibidas.
Asimismo, veta que éstas realicen proselitismo político o violenten sus objetivos, lo que recuerda los vínculos con líderes críticos condenados por delitos como atentar contra la soberanía o hasta lavado de dinero como la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, por lo que ahora los congresistas ponen la lupa en el reparto de dividendos o utilidades.
De acuerdo con el documento, también se les impiden acciones para promover la desestabilización del país, dañar la seguridad, violar derechos humanos, identificarse con un nombre diferente al registrado oficialmente y omitir informes solicitados por el gobierno, entre otros.
Tras la votación, críticos señalaron que prácticamente se debilita a estos grupos señalados por el gobierno por incumplir normas económicas en torno al lavado de activos y financiamiento terrorista, pues éstos, operados por críticos detenidos o condenados, han sido señalados de operar con dinero del extranjero destinado a derrocar al gobierno.
