Pese al Estado de emergencia, simpatizantes de Pedro Castillo intensificaron las protestas y bloqueos en el país lo que avivó los enfrentamientos con lo Policía, hecho que dejó cinco decesos más, con lo que suman siete desde que estalló la crisis por el fallido intento de golpe de Estado.
Desde temprana hora quienes exigen la liberación y restitución del poder del líder campesino reanudaron sus movilizaciones en rechazo al plazo previsto por la presidenta Dina Boluarte para nuevas elecciones y tomaron el aeropuerto de Arequipa, una planta de la misma ciudad y bloquearon más de 30 puntos carreteros para presionar al nuevo gobierno, que en menos de una semana ya encara su primera crisis.
En la primera zona aliados del exmilitante de Perú Libre incendiaron casetas y destruyeron inmobiliario lo que provocó la evacuación del personal y pasajeros, ante el temor de que la situación escalara y fueran tomados como rehenes, hecho ante el que fuerzas antimotines respondieron con gases lacrimógeno, lo que encendió los ánimos, y casi al cierre de esta edición se reportaron actos vandálicos contra oficinas y vehículos de medios andinos, al lanzar piedras contra el Canal N y América Televisión en Lima.
Y tras horas de intentos de contención y choques violentos la Defensoría del Pueblo en la región andina confirmó la defunción de siete disidentes en las ciudades que se convirtieron en foco de las protestas, las víctimas presentan impactos de bala o golpes letales en la cabeza, que se suman a los menores muertos.
En tanto, la Policía Nacional denunció que decenas de sus oficiales fueron atacados con objetos contundentes y hasta explosivos, pues tan sólo en los choques en la comisaría de Arequipa hubo hasta 15 efectivos heridos, quienes fueron atendidos en la zona y posteriormente trasladados a Lima; mientras que otros uniformados fueron retenidos durante horas por los manifestantes.
Ante esta escalada varias fuerzas políticas en el Congreso demandaron al gobierno detener la represión al denunciar abusos de las fuerzas del orden.
Al respecto, la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió a las autoridades a respetar la libertad de expresión al cuestionar el uso de fuerza letal contra los críticos que dicen que si se adelantan elecciones deben ser lo antes posible.
Tras los fuertes choques entre inconformes con la destitución de Castillo Terrones, el organismo urgió al gobierno de Boluarte a investigar y frenar el “uso innecesario y desproporcionado de la fuerza y gas lacrimógeno”, al recordar que entre las víctimas hay heridos de bala.
Y casi al mismo tiempo, el gabinete encabezado por el jefe de ministros, Pedro Angulo, adelantó que se conformó un grupo especial para que ministros acudan a zonas críticas como parte de un acuerdo nacional para dialogar en torno a las demandas de la oposición, que exige la renuncia de Boluarte y hasta una Asamblea Constituyente.
Horas después, en un debate legislativo, congresistas llamaron a detener las agresiones no sólo en las calles sino en el recinto, pues un día después de que dos compañeros se agarraran a golpes, recordaron que tienen que dar el ejemplo, pues en esas condiciones no pueden exigir un cese de actos violentos en las calles cuando ellos actúan de manera contraria.
ACUSA USURPACIÓN. Mientras la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el exmandatario Pedro Castillo, éste se lanzó contra su sucesora y la oposición al denunciar que su ascenso carece de legitimidad y él sigue ostentando el máximo cargo en la región andina.
En una misiva de puño y letra, compartida en su cuenta de Twitter, el abanderado de Perú Libre llamó a la población a mantener la lucha contra una gestión con “los mismos mocos y babas de la derecha golpista” al criticar a quien fue su vicepresidenta, acusando un supuesto plan en su contra previo a su destitución, pues desde su aprehensión ha sido “humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado” por el poder.
Asimismo, instó a sus seguidores a no caer en el “juego sucio de nuevas elecciones”, hecho que respaldaron aliados de la misma fuerza política al sostener que dichos comicios sólo beneficiarán a quienes ya están en el gobierno.
Previamente, el Poder Legislativo recibió imputaciones contra Castillo Terrones por rebelión y conspiración, un día antes de que concluya la prisión preventiva del extitular del Ejecutivo y su nueva audiencia en la que prevén evaluar si se anula o mantiene el arresto.
Dicho proceso incluye a tres presuntos cómplices del exmandatario peruano, pues de acuerdo con la fiscal Patricia Benavides los exintegrantes del gabinete Bettsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez fueron coautores del autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
