La crisis en Perú se extendió por todo el país con choques en las calles y hasta el Congreso con un saldo de dos muertos y decenas de heridos a cuatro días del arresto del presidente depuesto Pedro Castillo, por lo que la presidenta Dina Boluarte decretó Estado de emergencia en zonas críticas y adelantó elecciones.
Autoridades informaron que la mañana de ayer se reanudaron las protestas y bloqueos para exigir la liberación de quien sigue detenido por rebelión.
Tras el escalamiento de la violencia, el gobernador de Andahuaylas, Baltazar Lantarón, notificó a medios locales el primer deceso luego de que un joven campesino de 15 años de edad fuera alcanzado por una bala perdida en Apurímac, sin que hasta el momento se revelara el origen del disparo. Según los reportes fue trasladado de emergencia a un hospital tras un choque con las fuerzas del orden, pero pese a recibir atención médica no sobrevivió, pues el impacto fue letal.
Y horas más tarde el gobierno reconoció un segundo deceso en la misma zona, luego de que la víctima identificada como Becan Quispe, de 18 años, sufriera un traumatismo craneoencefálico presuntamente por un golpe contundente.
Sin embargo, igual que el caso previo, se desconocen las causas de la herida durante enfrentamientos, en los que medios documentaron que manifestantes lanzaron piedras y palos a uniformados, mientras las fuerzas antimotines replegaron con gas lacrimógeno a quienes demandan que se restituya el poder a quien consideran aún su presidente, pues dicen que la moción de censura fue ilegal, y desconocieron a Boluarte, quien asumió las riendas del país tras el fallido autogolpe de Castillo Terrones, quien podría pasar 20 años en prisión.
Entre los heridos contabilizados por la Coordinadora de Derechos Humanos andina se encuentra una menor de 14 años de edad en condición grave luego del impacto de un perdigón en el ojo, que le provocó un trauma ocular, por lo que el Ministerio de Salud la ingresó de inmediato al Instituto Nacional de Oftalmología; asimismo, se informó el alta médica de hasta 25 personas.
Y ante la escalada, el gobierno federal adelantó que en consenso con el Congreso alista elecciones generales en cuatro meses. En un mensaje nocturno la mandataria dijo que promoverá una “reforma al sistema político” con miras a recuperar el control interno y en respeto a las demandas de la mayoría peruana.
Horas antes suspendieron clases y prevén extender la suspensión de labores.
Además, dicha violencia provocó malestar en el Congreso, pues después de guardar un minuto de silencio por la primera defunción por esta crisis política algunos legisladores tacharon de “asesino” al nuevo gobierno ante la represión contra disidentes, pues dicen su único delito es apoyar al anterior mandatario.
En una sesión del Pleno, convocada para debatir la situación judicial del mandatario depuesto, así como de sus presuntos cómplices en el golpe constitucional, como la ex primera ministra Bettsy Chávez y el extitular del Interior Willy Huertas, representantes de fuerzas contrarias lanzaron críticas por la respuesta policial en un intento del Poder Legislativo de rebajar la tensión, y también cuestionaron que el Congreso se someta a la Fiscalía, pues acusaron que ésta los obligó a reunirse, y Flavio Cruz, de Perú Libre, ironizó que no descarta que sean convocados nuevamente para Navidad o Año Nuevo.
Minutos después de abrir la sesión los congresistas aprovecharon la reunión
inusual en fin de semana para recriminar a los opositores por la situación.
Pese al orden previsto, los gritos superaron a quien tenía la voz y a casi 20 minutos de iniciar la sesión el presidente del órgano, José Williams Zapata, no logró calmar los ánimos ni con amagos de echar a los que interrumpieran. Su malestar fue evidente, pues por momentos lanzó “uta ma…” hasta que decretó un receso de 15 minutos para reunir a los voceros de las bancadas, y segundos después de que se retirara dos legisladores se agarraron a golpes, por lo que algunos compañeros trataron de separarlos a la espera de reanudar la sesión.
El debate se reanudó casi cuatro horas después, casi al cierre de esta edición, presuntamente por la falta de un acuerdo para debatir el caso Castillo. Y para evitar un nuevo conato de bronca se determinó continuar con la discusión a distancia.
En tanto, la fuerza Perú Libre pugnó por una moción de censura a la Mesa Directiva y el cierre del órgano por anomalías contra el exmandatario, hecho que no ocurrió, pues más de 60 congresistas votaron en contra.
Previamente, la defensa del exmandatario y el Instituto de Medicina Legal andino cruzaron versiones sobre pruebas toxicológicas para evaluar si había drogas en el organismo de quien alegó no recordar nada del mensaje con el que decretó el Estado de excepción. Los médicos dijeron que acudieron a la prisión pero el líder campesino se negó a someterse al test para evaluar sus facultades; además Pedro Castillo dijo, según una carta difundida por el congresista Guillermo Bermejo, que “doctores camuflados” acudieron al inmueble y “me obligaron a sacarme una muestra (de sangre) sin mi consentimiento”.
