España investiga como presunto terrorismo una serie de cartas y paquetes bomba que apuntan contra el presidente Pedro Sánchez, las Fuerzas Armadas y hasta sedes diplomáticas, hecho por el que advierten un nexo con grupos extremistas.
Un día después de que un guardia resultara herido por el estallido de uno de estos sobres en la embajada de Ucrania en Madrid, autoridades confirmaron el envío de al menos cinco paquetes más en casi una semana y se presume que todos están conectados entre sí por las características de los mismos, sin apuntar a un posible responsable.
El primer incidente ocurrió el pasado 24 de noviembre, admitió el Ministerio del Interior al justificar que éste no se hizo público por temas de seguridad, pues fue dirigido al máximo líder del país, pero que nuevos incidentes, cuatro en casi 24 horas, obligaron al gobierno a revelar la información aunque las investigaciones, a cargo de la Policía y la Audiencia Nacional, siguen en curso.
Al respecto, el titular de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, precisó en conferencia de prensa que todo hace suponer que se trata del o de los mismos responsables, pues los sobres son color marrón, los datos de destinatario tienen la misma caligrafía —según imágenes de medios locales— y éstos salieron de territorio español y fueron entregados por el correo ordinario. Pero descartó activar la alerta terrorista hasta contar con más datos sobre la procedencia de los envoltorios, pero medios locales adelantaron que la Audiencia sí lo indaga como delito de terrorismo.
Con información a cuentagotas, España detalló que el primer envío llegó hasta La Moncloa, en donde personal de seguridad interceptó y separó de la correspondencia un sobre sospechoso, mismo que se abrió bajo un ambiente controlado con apoyo del escuadrón antibombas, de acuerdo con los protocolos, sin que se reportaran víctimas. Y se corroboró que tenía las mismas características que el que estalló el pasado 30 de noviembre en las manos de un guardia de la sede diplomática de Ucrania en Madrid.
Un día después se reportó que hubo más blancos sin heridos. Tres de éstos fueron dirigidos a mandos o centros relacionados con el Ejército, pues entre la madrugada y la mañana de ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, una base militar en Torrejón, en la que se ubica un centro de satélites europeos, y la empresa Instalaza, en Zaragoza, encargada de la producción de armas y granadas con las que Madrid suministra a Ucrania desde hace meses, también recibieron estos correos de extraña procedencia.
En el primer caso el personal de seguridad identificó el material dudoso y lo hizo estallar de manera segura, mientras que en el segundo punto se detectó el posible riesgo y se eliminó luego de ser revisado con Rayos X. En el último caso se puntualizó que el objetivo era el director, quien no fue identificado.
Ante el vínculo de tres objetivos con la cartera militar, la funcionaria y el embajador ucraniano en la región ibérica, Sergi Pohoreltsev, admitieron que los envíos sospechosos podrían ser una protesta en rechazo al apoyo que aliados mantienen en favor de Ucrania. Pues coincide con un nuevo paquete de ayuda a las fuerzas defensoras de Volodimir Zelenski, lo que apunta a grupos extremistas que respaldan a Rusia a más de 280 días de la invasión.
Por ello, Robles —quien coincidentemente se encuentra de gira en Ucrania— sentenció que no se dejarán intimidar por este tipo de amenazas, pues éstas no alteran el compromiso de Madrid con Kiev, declaración que respaldó Pohoreltsev al referir que la lucha de su país sigue para recuperar la soberanía y expulsar a los ocupantes.
Y horas después, alrededor de mediodía, se detectó un paquete similar en una segunda sede diplomática. De inmediato las oficinas de Estados Unidos en la capital española fueron evacuadas como medida preventiva y se acordonó la zona por el riesgo y ahí mismo se inspeccionó el material sospechoso.
En tanto, autoridades aceleran la investigación sobre los materiales usados en las “armas” caseras, como el mecanismo para que al abrir el paquete éste lance un explosivo, pues revisan uno de los sobres que no detonó para rastrear las sustancias. Ello permitirá identificar dónde se adquirieron y quién está detrás de los hechos que afortunadamente no llegaron a los blancos, gracias a la intervención policial, aunque también se revisan las instalaciones de paquetería para saber cómo pasaron los filtros sin levantar sospechas, así como desde dónde o cuántos lugares cruzaron para llegar hasta los receptores, pues sus instalaciones cuentan con cámaras de seguridad.
Asimismo, el Ministerio del Interior español ordenó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil extremar medidas de seguridad para reforzar y garantizar “la protección de las administraciones y edificios públicos”, de acuerdo con un comunicado, al reconocer que éstas podrían estar bajo amenaza.
