La gestión de Joe Biden ve un inminente cierre de Gobierno ante el persistente bloqueo republicano y advierte a trabajadores del Estado del riesgo económico sin un acuerdo a más tardar mañana, mientras los conservadores elevan los choques internos y parecen más interesados en el posible juicio contra el jefe del Ejecutivo.
En otro intento por presionar al ala radical en el Congreso que intenta apretar más el gasto anual, Washington notificó a millones de empleados de agencias, incluyendo sus tropas, y varios departamentos que sus pagos podrían atrasarse.
Sin embargo, no precisa plazos, según el diario Washington Post al visibilizar esta amenaza y mostrar el desafío operativo con cuentas acumuladas, la paralización de vuelos y posibles despidos.
Y los demócratas en el Senado se sumaron a la presión contra el grupo de Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, quien aboga que aún hay tiempo, pero éste dijo que no respaldarán el plan bipartidista —o resolución continua—. Incluso, planea otra opción, ante su negativa a mantener el respaldo continuo a Ucrania y prevé presentar hoy una ley de financiación a corto plazo, reflejando la urgencia de impedir el debilitamiento al país.
El conservador rebajó la pugna a contrarreloj al advertir que la única vía para salir del bache es que el mandatario intervenga, tras pedirle atender la reducción de deuda, en torno a una crisis a largo plazo, ante su posible reelección.
No obstante, el Ejecutivo no dio señales para ello, por el contrario se lanzó contra los radicales e integrantes de MAGA —Make America Great Again—.
“Hay un grupo de extremistas en la Cámara de Representantes que preferiría cerrar el gobierno antes de cumplir con ese acuerdo”, criticó en referencia a una negociación previa y revivió las advertencias de una amenaza a la democracia y a la Constitución, como en las elecciones intermedias del año pasado.
Y agregó, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, que éstos insisten en intimidar para lograr sus objetivos personales, por lo que asestó: “La democracia no es una cuestión bipartidista”.
Pero ni esa afrenta aceleró los trabajos en el Capitolio. Aunque los demócratas plantearon ampliar las negociaciones, la oposición sigue firme en mejorar el gasto en prioridades como la seguridad fronteriza y retirar o rebajar la ayuda a Kiev, lo que avecina el cierre, que no ocurre desde 2018 con Donald Trump.
Al respecto, los demócratas no desisten y trataron de forzar a la Cámara a ceder en la negociación al votar ayer su alternativa conjunta, pero sin ejercer presión alguna a los rivales, que también luchan entre sí.
Medios locales dieron cuenta de cada vez más amagos de republicanos de destituir a McCarthy, pues en su primer año para sacar un financiamiento no ha hecho valer su mayoría, con un carácter “patético”, según declaraciones del legislador Matt Gaetz.
En tanto, el Comité de Supervisión escuchó testimonios sobre los presuntos actos de corrupción de Biden y su familia en una audiencia que la prensa resumió como “incómoda”.
Aunque durante semanas alardearon con mostrar un lado no conocido del Ejecutivo sus testigos no dieron luz sobre sus presuntos abusos, tráfico de influencias para proteger a Hunter Biden y hasta conocimiento de delitos del mayor de sus hijos. Los declarantes estrella admitieron que no existe evidencia de posibles irregularidades.
Ello confirma la defensa de demócratas al sostener que se toparán con un muro para atacar al mandatario, pues enfatizaron que si éstos tuvieron alguna prueba, por mínima que fuera, ya la habrían usado, pero sólo intentan atacar al presidente cuando su hijo Hunter enfrenta un proceso penal.
LE NIEGAN PLAN A TRUMP. Un tribunal rechazó la apelación del magnate para retrasar el juicio por fraude en Nueva York, luego de que se ordenara el retiro de licencias comerciales a su firma, la Organización Trump.
Luego de que un juez responsabilizara al favorito a la candidatura presidencial republicana de alterar a propósito el valor de sus propiedades por un beneficio bancario, se determinó que la fecha prevista para el próximo 2 de octubre se mantiene, pues sus alegatos de un supuesto abuso de autoridad y celeridad inusual del juez no eran suficientes para retrasar el caso por el que la Fiscalía estatal busca una indemnización de hasta 250 millones de dólares.
Poco después su defensa desistió, en un acto sorpresivo, la estrategia de trasladar la acusación por extorsión electoral en Georgia a un tribunal federal, como lo solicitaron cinco de sus 18 cómplices.
En una declaración poco común sus abogados externaron que confían en que el jurado de Fulton actúe de manera justa y se garantice el debido proceso.
