El Departamento de Justicia presentó el lunes una apelación a un fallo de un tribunal de Texas que suspendería la aprobación de un fármaco utilizado en el método más común de aborto en Estados Unidos, diciendo que se trata de una decisión “extraordinaria y sin precedentes”.
De mantenerse, la orden que el juez federal Matthew Kacsmaryk emitió la semana pasada podría restringir el acceso al medicamento abortivo mifepristona incluso a partir del viernes, afectando a los proveedores de servicios de aborto menos de un año después de que la anulación del fallo del caso Roe vs. Wade restringiera significativamente el acceso a la interrupción del embarazo.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó en 2000 la mifepristona, uno de dos fármacos utilizados como medicamentos abortivos en Estados Unidos.
En esencia no existe precedente de que un sólo juez anule las decisiones médicas de la FDA, y ejecutivos farmacéuticos firmaron el lunes una misiva en la que advertían que la decisión podría poner en riesgo a otros medicamentos.
En su apelación ante la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, el gobierno federal señaló que la “orden extraordinaria y sin precedentes” de Kacsmaryk debería permanecer suspendida en lo que se impugna la decisión.
“Si se permite que entre en vigor, la orden del tribunal podría obstaculizar el discernimiento científico de la FDA y perjudicar gravemente a las mujeres, en especial para las que la mifepristona es una necesidad práctica o médica”, escribió la agencia.
Kacsmaryk, designado al cargo por el presidente Donald Trump, emitió su decisión el viernes, pero señaló que no entraría en vigor sino hasta dentro de siete días, es decir a finales de esta semana, a menos que otro tribunal intervenga.
Además de la incertidumbre persistía el lunes una confusión pendiente en torno a una orden contradictoria por parte de otro juez federal en el estado de Washington, que unos 20 minutos después de la decisión de Kacsmaryk emitió un fallo por separado que instruía a las autoridades federales a no realizar ningún cambio que restringiera el acceso al fármaco en los por lo menos 17 estados en donde los demócratas han interpuesto demandas.
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