El gobierno de Estados Unidos respondió a la controvertida ley antiaborto en Texas con una demanda al considerar que la restricción local, de sólo seis semanas para interrumpir el embarazo, es inconstitucional y representa el mayor freno en la materia en el país.
El fiscal general de EU, Merrick Garland, aseveró que el gobierno de Greg Abbott intentó desafiar la Constitución y la inmunidad intergubernamental con acciones contrarias a éstas, lo que obligó al Departamento de Justicia a garantizar el derecho de las mujeres vigente a nivel federal, pues las modificaciones legislativas de la semana pasada no hacen exclusiones en casos de violación, de abuso sexual o hasta incesto.
Garland puntualizó que el objetivo es que se declare que la legislación que entró en vigor este mes es totalmente inválida, respetando la ley general de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas, conocida como Ley FACE, sobre la norma estatal, misma que fue rechazada por activistas y defensores de los derechos humanos.
Recordó que “ningún Estado puede prohibir a ninguna mujer tomar la decisión final de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad”; sin embargo, Texas lo hizo y no ha desistido, pese a que el Gobierno de Joe Biden advirtió que tomaría acciones legales contra la llamada Ley del Senado 8, misma que Biden tachó de “antiestadounidense” y por la que en la última semana clínicas texanas han dejado de ofrecer el servicio y se reporta un repunte de solicitudes de mujeres de esta región en entidades vecinas.
En conferencia de prensa, el funcionario apuntó que la medida, presentada en Austin, busca garantizar la protección prometida por el presidente, pues la ley declarada por Abbott, misma que la Corte rechazó vetar, “es claramente inconstitucional, de acuerdo con los precedentes de la Corte Suprema”.
Ningún Estado puede prohibir a ninguna mujer tomar la decisión final de interrumpir su embarazo antes de la viabilidadMerrick Garland, Fiscal de EU
También reconoció que, más allá de una acción por razones médicas, desvela una “intención obvia y expresamente reconocida: impedir que las mujeres ejerzan sus derechos constitucionales al impedir la revisión judicial”.
Por ello, reiteró que la acción es porque Texas puede convertirse en un modelo de acción para otros estados como un precedente judicial y respecto a derechos constitucionales.
Asimismo, refirió que el sector que encabeza tiene la responsabilidad de garantizar que ninguna entidad evada sus obligaciones o prive de sus derechos a la población, hecho en el que incurrió Texas al prohibir una norma asentada en la Constitución, contraria al fallo histórico Roe contra Wade de 1973, en la que se determinó que las mujeres tienen derecho a abortar.
Previamente, funcionarios de justicia adelantaron que la demanda se presentaría ayer, luego de que el presidente Biden solicitara buscar todas las vías para revertirla y mantener la protección a las mujeres que buscan interrumpir su embarazo más allá del plazo que fue acotado.
Esto luego de que Texas avaló la llamada ley SB8 que prohíbe la interrupción del embarazo después de la semana seis, periodo en el que consideran ya se detecta la actividad cardiaca del feto, hecho ampliamente cuestionado por defensoras en la materia al asegurar que en este plazo muchas de ellas ni siquiera están enteradas de que están embarazadas, con lo que se elimina por completo la oportunidad de detener el embarazo no deseado y obligarlas a continuar con éste pese a sus deseos.
Además, delega a los ciudadanos las denuncias contra clínicas y personas que promuevan este procedimiento convirtiéndolos en “cazadores de recompensas”, según el fiscal, sin importar si tienen o no una relación con la mujer que solicita esta práctica médica, pues los denunciantes podrían recibir pagos de hasta 10 mil dólares por daños y prejuicios, sin que tal afectación se demuestre.
Ante ello, Garland sostuvo que no hace falta una gran revisión para darse cuenta “del daño que se le haría a nuestra sociedad si los estados facultan a cualquier particular para infringir los derechos constitucionalmente protegidos”.
Hasta el cierre de esta edición, el gobernador Abbott no hizo ningún pronunciamiento en la materia para ratificar su decisión o rechazar la acción.
- El dato: Donald Trump en su gestión nombró a dos jueces de la Corte con tendencias conservadoras, lo que generó alertas sobre ajustes en contra de las libertades de las mujeres como el aborto.
ANR
