El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, esta vez a 16 cómplices del fraude, mientras casi medio centenar de países exige a Venezuela transparentar las actas y su verificación.
Tras las irregularidades denunciadas, el gobierno de Joe Biden respondió con más vetos y bloqueos a bienes de la cúpula del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) e integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) por obstruir la democracia, como acusa la oposición y el mundo.
Entre los señalados están la presidenta del Tribunal, Caryslia Rodríguez, y magistrados y la rectora del órgano electoral, Rosalba Gil, por validar sin evidencia la reelección del chavista. También aparecen represores como mandos militares, de Inteligencia y fiscales, entre ellos Luis Dueñez, quien firmó la orden de captura contra el disidente Edmundo González, a quien la dictadura forzó al exilio.
Con esta acción EU enfatiza que no dudará en engrosar la lista de castigos por atentar contra la democracia y fomentar la persecución en esa nación, pues desde hace años acotó por abusos y corrupción al dictador Nicolás Maduro y su círculo cercano, como el fiscal Tarek Saab, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el futuro ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el líder de la Asamblea, Jorge Rodríguez, quien pidió romper lazos con España.
Y la presión no viene sólo de EU, pues ayer en otro posicionamiento ante las Naciones Unidas 49 gobiernos exigieron al chavismo “publicar inmediatamente” las actas electorales.
Con ello, reivindican su compromiso para restablecer la democracia en Caracas donde empeoran las tácticas intimidatorias contra críticos, el mismo día en que González Urrutia se reunió con el líder del país que lo asiló, Pedro Sánchez. En esta plática, expuso “la grave situación que vive Venezuela” y la urgencia de concretar la transición que Maduro impide.
En respuesta, el canciller de Caracas, Yván Gil, tachó de “coercitivas, ilegítimas e ilegales” tales restricciones y pidió a la potencia respetar su autodeterminación y frenar el injerencismo, pero sin responder al reclamo en torno al fraude.
Pero al régimen no le importan ni las diferencias bilaterales y abrió otro frente al lanzarse contra República Dominicana. La vicepresidenta exigió a éste el pago de una deuda de 350 millones de dólares por comercio de petróleo, lo que apunta a una represalia luego de permitir que incautaran la aeronave del presidente chavista.
