El Parlamento Europeo respaldó un polémico pacto migratorio con el que naciones evitan recibir a refugiados, delegando la problemática a aliados principalmente en el mar Mediterráneo.
Tras años de intensos choques, esos países acordaron reforzar una mayor cooperación para atender en conjunto el arribo de indocumentados a la Unión Europea (UE); sin embargo, persiste el rechazo a alojarlos.
Pero resalta que los Estados no están obligados a aceptar a los solicitantes de asilo a cambio de importantes aportaciones económicas, pese a las múltiples tragedias de quienes salen de África y Asia con la esperanza de tener una oportunidad de vida.
Cada Gobierno tiene tres opciones para colaborar en la materia: pagar 20 mil euros (alrededor de 350 mil pesos) por cada refugiado rechazado, para que sea otro el que asuma la carga, reubicarlos o financiar actividades operativas, plan que fue rechazado por organizaciones civiles al acusar un desdén hacia quienes arriesgan la vida con travesías de riesgo.
Dicha reforma fue presentada por primera vez en septiembre de 2020 para unificar la gestión migratoria, incluida la identificación de los solicitantes de asilo, la aceleración de procedimientos fronterizos y el reasentamiento de refugiados, luego de que entre 2015 y 2016 éstos provocaran la mayor tensión política por crisis migratorias.
Así, que el Parlamento de la UE refrendó este compromiso con un margen menor del previsto, pues las cinco leyes incluidas en el paquete recibieron 300 votos a favor y 270 en contra, evidenciando el malestar de unos por leyes que aplicarán por completo en dos años.
Este pacto tomó aún más fuerza al revelar que el año pasado esa región recibió 1.14 millones de solicitudes de protección internacional, la cifra más alta en los últimos siete años, además de registrar 380 mil cruces irregulares en sus fronteras, la mitad de ellas a través de la ruta del Mediterráneo, donde las naciones más saturados por este sector son Italia, Grecia y España, que buscan ayuda para repartir a este sector.
