A la espera de los juicios contra el expresidente estadounidense Donald Trump, de los que dos involucran cargos electorales, uno de los instigadores del asalto al Capitolio recibió la mayor condena, 22 años en prisión por conspiración sediciosa.
La fiscalía abundó en el papel crucial de Enrique Tarrio, exlíder del grupo extremista Proud Boys, para incitar a la violencia, pese a que no estuvo en la insurrección del 6 de enero de 2021 y el juez de distrito Timothy J. Kelly decretó la máxima pena de entre más de mil imputados por la insurrección.
A más de cinco meses de arrancar el proceso por participar en la revuelta para alterar la transición democrática del país, el magistrado enfatizó que todo apunta a que el hombre al que describió como “motivado por el celo revolucionario” y “propagandista inteligente” fungió como el “líder supremo” para movilizar a los simpatizantes del entonces presidente.
Kelly justificó la decisión, pues los actos de quien se comparó con los “padres fundadores” de EU se asemejan a penas por terrorismo.
Aunque no pisó el recinto ese día, tuvo una posición estratégica para organizar lo que en el mundo calificó como intento de golpe de Estado, lo que llevó al juez a escalar las sanciones contra quienes respaldaron la acusación del ahora aspirante a la presidencia de un fraude.
Tema en el que resalta que su ausencia no fue voluntaria, sino por restricción judicial. Tarrio, ahora de 39 años, fue detenido dos días antes de la certificación por quemar una bandera del movimiento Black Lives Matter y un juez le prohibió acercarse a Washington.
Sin embargo, según las pruebas del fiscal adjunto Conor Mulroe, el ultraderechista dirigió a los insurrectos a distancia desde un hotel en Baltimore para desatar el caos que dejó un saldo de cinco policías muertos y un centenar heridos.
Se evidenció que envió mensajes a la turba afuera del Capitolio para evitar que abandonara la lucha en la que el objetivo era detener la certificación de Joe Biden. Para ello contó con hasta 200 Proud Boys en la capital de EU. Y Mulroe recordó que uno de los aliados de Tarrio, identificado como Dominic Pezzola, fue el que abrió el primer acceso por el que irrumpieron en la sede legislativa, pues éste fue captado rompiendo una ventana con un escudo que previamente le robó a un oficial.
A unos metros de distancia otros extremistas derribaron las barricadas de fuerzas del recinto y efectivos federales, y se recalcó en repetidas ocasiones que los Proud Boys participaron en todos los actos violentos en el Capitolio.
Sin embargo, el exdirigente de los ultraderechistas se disculpó, acto que reconoció el juez, pero descartó señales de remordimiento del acusado.
Tarrio, quien portaba la vestimenta clásica naranja, admitió su error al calificar los actos de enero de 2021 como una “vergüenza nacional”, en la que se desconoció, pues aseveró que no es un “fanático político” como lo hicieron ver.
Por ello, su defensa argumentó que ni él ni los miembros de su organización extremista pretendían matar o provocar víctimas sólo rechazar un fraude.
Incluso, sus abogados lo defendieron al sostener que ser la cara visible del grupo no lo hacía un organizador al poner en duda la evidencia de que dirigió a quienes estaban en el Capitolio, aunque la fiscalía dijo que sabía de su influencia.
Por lo que adelantaron que apelarán la mayor condena hasta el momento, pese a que sus cargos fueron comparados con actos terroristas “calculados”.
Aunque el exdirigente ultraderechista libró más de tres décadas de cárcel, según la solicitud original, ésta quedó reducida a dos terceras partes y fija un nuevo precedente contra los insurrectos, pues superó las sentencias de 18 y 17 años de los extremistas Stewart Rhodes, fundador del grupo Oath Keepers, y Joseph Biggs, en mayo y agosto pasado, respectivamente. Mientras que las de otros de sus aliados oscilan entre los 10 y 18 años.
Y ante este escenario resalta que el mismo día varios de los cómplices del magnate en el caso de “extorsión criminal” en Georgia se declararon culpables, completando la lista de 19 imputados. Además el mismo día comenzó el juicio contra el fiscal de Texas y aliado del aspirante a la presidencia, Ken Paxton, por presunta corrupción.
Legisladores lo acusan de hasta 20 cargos por malversar fondos y obstruir la justicia, al recordar que hace tiempo estuvo en el radar del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y su sanción podría ser la destitución a más de una década en el cargo.
