El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua aseveró que hay bases para abrir investigaciones contra Nicaragua por crímenes de lesa humanidad; acción que tuvo respuesta pues una víctima ya denunció a la pareja presidencial, Daniel Ortega-Rosario Murillo.
Cuatro días después del adelanto del informe que documenta ejecuciones y tortura, el líder del equipo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jan Simon, refirió que ese material, en torno a las atrocidades perpetradas desde 2018, es un paso importante para determinar la responsabilidad penal del Estado.
En la 52 sesión del Consejo de Derechos Humanos, el investigador alemán destacó que, pese al bloqueo del sandinista, se corroboraron esas atrocidades.
Ratificó, basado en 159 casos y 291 entrevistas con víctimas y testigos de la persecución, que detrás de las violaciones sistemáticas están “altas esferas”, pues hay más cómplices además de Murillo, como los Poderes Legislativo y Judicial y la Policía Nacional, que se usaron para someter a quienes el mandatario veía como amenaza. Y recalcó la urgencia de que los involucrados rindan cuentas, liberen a decenas de presos políticos —algunos desde 2018— y garanticen la reparación del daño de quienes sufrieron sus crímenes, entre ellos 200 opositores desterrados hace casi un mes.
Simon recordó que ante la falta de un verdadero contrapeso y el férreo control de Ortega sobre las instituciones, la impunidad prevalece desde hace años; ejemplo de ello son las embestidas persistentes contra políticos, periodistas, activistas, organizaciones, líderes estudiantiles y religiosos críticos, lo que a su vez detonó una escalada de violencia al encerrar a disidentes, arrebatarles su nacionalidad, bienes y hasta personería jurídica para acorralarlos.
Horas después, se reveló la primera denuncia a raíz del informe de crímenes de lesa humanidad.
El abogado y secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH), Danny Ramírez-Ayérdiz, confirmó que interpuso un recurso en Argentina —donde reside desde 2019 cuando salió del país— luego de ser despojado de su ciudadanía. Argumentó que enfrentó una decisión unilateral y arbitraria que además es contraria al derecho internacional.
Agregó que su objetivo es que Ortega y la vicepresidenta sean citados a declarar, a través del Ministerio de Exteriores, como los perpetradores de esta grave violación, según su abogado, Jorge Alejandro Mamani, al recordar que el retiro de la nacionalidad lo replicó contra cientos de disidentes ahora desterrados.
Incluso, apuntó que solicitó ser llamado a rendir testimonio sobre las vulneraciones en su contra, pues fue acusado de “traición a la patria”. Con ello, Ramírez-Ayérdiz busca “enviar un mensaje de esperanza” al pueblo, para que haya más denuncias en su contra, pues hay países comprometidos con restablecer la democracia y los derechos en Managua incluso en América Latina como Chile, Ecuador, Colombia y otros más a nivel mundial, pues junto a Canadá y naciones de la Unión Europea condenaron a Ortega y pidieron restaurar los derechos, mientras éste extiende la persecución, luego de que medios locales denunciaron que se desconoce el paradero del obispo Rolando Álvarez, condenado por la maquinaria orteguista a más de 25 años en prisión.
Además, durante la sesión el Consejo respaldó la continuidad del grupo que realizó esta exhaustiva investigación contra el sandinista.
Sin embargo, el régimen evadió las críticas y sostuvo que tales investigaciones son producto de información proporcionada por los opositores. La fiscal nicaragüense, Wendy Morales, defendió a su líder en video al referir que las conclusiones de la ONU están plagadas de información falsa, pues los críticos dieron testimonio para evidenciar supuestas ilegalidades, con el objetivo de atacar la soberanía, uno de los delitos que Nicaragua imputó a cientos de disidentes.
En tanto, Ortega, quien ni se inmutó, aumentó el cerco contra sus rivales al convertir en un nuevo blanco a la cúpula empresarial. A unos días de que se revelara que cerró más de tres mil organizaciones civiles, puso fin a casi una veintena de grupos de la iniciativa privada al justificar que no completaron su registro.
Según el diario La Prensa, el régimen suspendió operaciones del Consejo Superior de la Empresa Privada y cámaras del sector por incumplir la ley local que los obliga a inscribirse ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), pero éstas argumentaron que fueron bloqueadas por las autoridades.
Además, se informó que Ortega se lanzó duramente contra la ONU al sostener que es un ente que no sirve, pues recriminó que se convirtió en un sector que “injuria y calumnia”.
