La Fiscalía de Argentina solicitó una condena de 12 años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta, delitos que denominó “la mayor maniobra de corrupción en el país”.
Luego del juicio oral tras más de tres años de investigación, el fiscal Diego Luciani también pidió que se inhabilite a la exmandataria para ejercer un cargo público por su relación con más de 50 licitaciones de obras públicas durante su gestión y la de su fallecido esposo Néstor Kirchner, hecho que ella ha tildado de persecución política.
Según las indagatorias, la funcionaria participó en una red de defraudación por un monto de hasta mil millones de dólares al interponer su interés personal sobre el público, esto en complicidad con el empresario Lázaro Báez, contra quien demandan una pena similar, y el exministro Julio de Vido, por quien piden 10 años de cárcel.
Al conocer la decisión, Fernández de Kirchner denunció que es víctima de un “pelotón de fusilamiento mediático-judicial”, pues aseveró que desde que comenzó el caso el tribunal que la juzga ya había decidido sentenciarla y ayer se le imputaron cargos con evidencia que no figuró en la acusación que data del 2019, según declaró en su cuenta de Twitter.
Afirmó que esta acción representa un guion montado por los fiscales del país, pese a la falta de pruebas en su contra por estos delitos y adelantó que ya solicitó a su abogado ejercer el derecho a la defensa en un juicio para ampliar su declaración hoy mismo.
Casi de manera inmediata se reportaron protestas afuera de la residencia de la imputada en Recoleta; un sector
reiteró su respaldo ante la exlíder del país, mientras que otro lanzó consignas en su contra, lo que provocó choques entre éstos, por lo que la Policía intervino y dispersó a los manifestantes con gas lacrimógeno y gas pimienta. Al respecto, la exmandataria aseveró que detrás de estas acciones está el jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, a quien comparó con el exmandatario Mauricio Macri.
Fue en la misma red social que el funcionario exhortó a la vicepresidenta a no “engendrar más violencia” y a contribuir a la paz, al señalar que la evidencia en su contra es contundente.
Pese a la decisión judicial, el presidente Alberto Fernández ratificó su apoyo a Cristina Fernández y condenó la persecución, que denunció la afectada.
“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese periodo, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal”, externó en un comunicado al conocer la postura del fiscal Luciani.
