A más de 10 meses de su arresto, la Fiscalía de Guatemala solicitó una pena de 40 años de prisión contra el periodista y director de El Periódico, José Rubén Zamora.
En una nueva audiencia tras bloquear a su defensa, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal corroboró las acusaciones de lavado de dinero, extorsión y hasta tráfico de influencias por un pago irregular de hasta 30 mil dólares.
Con un testimonio como base de que el hombre de 66 años chantajeó al banquero Ronald García, la fiscal Cinthia Monterroso justificó la severa sanción al pedir más de las penas máximas, mismas que en suma superan la actividad del diario que encabezó hasta su arresto y que lamentablemente ante la presión del gobierno cerró definitivamente el pasado 15 de mayo al despedirse oficialmente de sus lectores tanto en su versión impresa como en la digital.
Según las investigaciones, Zamora Marroquín cometió actos ilegales al aprovechar su profesión para mover montos importantes de origen desconocido, mismos que, aseguran, disfrazaba de publicidad para su diario o donaciones.
Sin embargo, éste no se ha podido defender desde que comenzó el proceso, por lo que se asumió como preso político de la nación. Según su equipo legal las autoridades le han negado el derecho a presentar pruebas en su favor o desacreditan las mismas, llámese testigos o documentación oficial, pese a que éste afirma que el dinero en cuestión proviene del sistema bancario, pero que intentó ocultar a su donante, para no ponerlo en el radar del gobierno.
Además, se solicitó una multa de casi 40 mil dólares en esta fase final del proceso con la intención de sepultar no sólo su credibilidad como periodista sino como crítico del gobierno de Alejandro Giammattei.
Y es que la oposición acusó que las imputaciones son una clara persecución por su frontalidad contra el Ejecutivo y que este juicio que lleva más de un mes está plagado de irregularidades.
Aliados de Zamora Marroquín y críticos de la gestión de Giammattei coincidieron en que no hay suficiente evidencia en su contra, pero la Fiscalía parece actuar por consigna, al recordar que el periodista fue directo contra el régimen al evidenciar en múltiples ocasiones presuntos casos de corrupción en la nación por recibir sobornos del extranjero, investigaciones por las que recibió un premio español.
Su familia acusó que éste es resultado de la llamada “trama rusa” que exhibió.
Sin embargo, las autoridades evadieron las críticas al recordar que el periodista arremetió contra el sector que evidenció sus delitos, al referir que atacó a través del diario a figuras principales que luchan contra la corrupción en el país como la fiscal, Consuelo Porras, y el fiscal Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, quienes fueron sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos por obstruir las investigaciones a su cargo, presuntamente para proteger a varios funcionarios federales.
