La fiscal de Perú, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el mandatario depuesto Pedro Castillo y presuntos cómplices por rebelión y conspiración, tras el fallido golpe de Estado de la semana pasada.
En el documento remitido al Poder Legislativo se establece que al menos tres exministros estarían vinculados con los mismos delitos en calidad de coautores; se trata de la exlíder del gabinete Betssy Chávez y los extitulares del Interior Willy Huerta y de Comercio Roberto Sánchez.
De acuerdo con el oficio, difundido por medios locales, se establece que el mandatario destituido y a quien el Congreso ya le quitó el fuero es el presunto autor de conspiración contra la administración pública y coautor de rebelión, como se establece en el Código Penal, delitos que ha refutado la defensa de Castillo Terrones. Por dichos delitos quien intentó disolver el Congreso podría pasar entre 10 y 20 años de prisión, pues cada imputación en su contra se castiga con un máximo de una década tras las rejas.
Cabe destacar que el caso será evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del órgano que Castillo Terrones trató de eliminar, que ya confirmó una sesión para este lunes.
Dichas acciones se dan en medio de una escalada violenta en el país, pues tras la muerte de al menos dos manifestantes —ambos menores de edad— el nuevo gobierno de Dina Boluarte decretó Estado de emergencia en zonas críticas debido a los choques entre manifestantes y policías en varias regiones del país.
Asimismo, la mandatario confirmó que en medio de esta crisis y atendiendo el clamor de la sociedad sí habrá elecciones adelantadas; anoche en un mensaje a la nación informó que este proceso se realizará en abril próximo.
