La Fiscalía de Guatemala no desiste de su persecución política y a unos días de la suspensión de Movimiento Semilla va contra otros partidos por presuntos delitos, mientras la fuerza que ganó la presidencia denunció un bloqueo en el Congreso.
Medios locales indicaron que el Ministerio Público y la Fiscalía de Delitos Electorales tienen en la mira a seis fuerzas opositoras por supuestas irregularidades para conseguir su registro, como firmas y afiliaciones falsas, repitiendo la estrategia contra los aliados del presidente electo, Bernardo Arévalo, con miras a restringir esas estructuras.
La titular de esa fiscalía, Lizbeth Pérez, admitió, según el diario Prensa Libre, que a raíz de la investigación de Semilla se identificó que otras fuerzas como Cambio, Mi Familia, Unión Republicana, Visión con Valores, Voluntad Oportunidad y Solidaridad y Winaq infringieron la ley para convertirse en partidos, por lo que están bajo investigación, lo que evidencia un alza de actos criminales para ser avalados por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Y no descarta solicitar el retiro de la personalidad jurídica, como se intentó desde la primera vuelta contra la agrupación de Arévalo, pues se trata de un caso “grave que merecería la cancelación”.
La funcionaria agregó que dichas acciones fueron descubiertas por ciudadanos. Sin especificar un plazo, precisó que suman 100 denuncias por afiliaciones que desconocían, pues ni siquiera apoyan a esos partidos o no corresponde a su ciudad, e insistió que en algunos casos se trata de anomalías críticas.
Pero los disidentes del Ministerio Público, al que tachan de corrupto, acusaron que sólo se trata da una respuesta ante la derrota en las urnas y para no evidenciar que van contra Semilla arremeten contra otros, mismos que advierten que se defenderán, pues afirman que cuentan con los registros para desmentir la supuesta falsificación de firmas.
Horas después, la primera formación atacada por el Poder exhibió que su banda no fue reconocida por el Congreso y declaró a los siete diputados como independientes, con lo que los relegan de cargos relevantes en Poder Legislativo.
En conferencia, después de lo ocurrido, relataron que ni siquiera fue un acto formal, pues se los notificó de palabra en la sesión de ayer en la que el recinto reanudó labores y hasta demandaron a éstos “saber perder”. Incluso, la diputada electa Andrea Reyes pugnó por garantizar total transparencia al demostrar que sí existió una votación y no fue un acto arbitrario.
No obstante, el Congreso se mantiene firme en su decisión, lo que impide que los representantes del movimiento que ganó la presidencia tengan puestos relevantes en comisiones, pese a ser la fuerza que respalda al futuro presidente.
Dicho bloqueo afecta a los más de 20 que asumirán el nuevo periodo, pero éstos no bajan las manos y adelantan que exigirán la renuncia de Rafael Curruchiche, fiscal contra la Impunidad, a quien señalan como el responsable de esta dura embestida.
Por separado, el mismo Arévalo recriminó las acciones contra su partido al asegurar que éstas se encuentran “fuera de la ley”, mientras que legisladores aliados señalaron que aún podría cambiar la decisión si se les informa un ajuste en su situación legal, hecho poco probable.
