Dos hermanas de 64 y 54 años se quitaron la vida horas antes de ser desalojadas por una orden por no pagar el alquiler en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, España.
Ante la presión de que ese día las autoridades cumplirían el desahucio y les quitarían la vivienda ubicada en la la calle Navas de Tolosa, las mujeres se lanzaron al patio del inmueble alrededor de las 04:30 horas, varias horas antes de lo que estaba previsto el desalojo.
Y por las circunstancias, la policía catalana conocida como los Mossos d'Esquadra abrió una investigación y comunicó lo sucedido al juez como parte de la demanda.
Según información oficial ésta fue presentada desde el año pasado por el propietario del inmueble contra las hermana por no pagar el alquiler, deuda que desde marzo de 2021 ya ascendía a nueve mil euros (casi 200 mil pesos) de acuerdo con un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El Ayuntamiento de Barcelona comenzó investigaciones
El Ayuntamiento de Barcelona, que investiga los procesos de desahucio para mediar y buscar alternativas, tuvo conocimiento del proceso a principios de año, cuando recibió una petición del juzgado para realizar un informe sobre la vulnerabilidad de las inquilinas; sin embargo, nunca logró contactarlas.
Este es el segundo caso de suicidio por desalojo conocido en Cataluña en este año, lo que exacerba un problema que entidades de defensa de la vivienda han denunciado durante más de una década.
“No son suicidios, son asesinatos”
Tras el caso de las hermanas, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Barcelona convocó a una manifestación para este 2 julio a las 20:30 horas bajo el lema "No son suicidios, son asesinatos”.
Dicha organización denunció que las muertes de las hermanas son consecuencia de un "sistema político y judicial corrupto" y criticó la especulación inmobiliaria y la pasividad política.
En tanto, la directora del Observatorio DESCA, Irene Escorihuela, afirmó que este caso no es aislado y refleja un problema estructural con la vivienda; y subrayó que el acceso a la vivienda es un derecho humano que debe ser resuelto desde lo público. Incluso, criticó la falta de atención adecuada por parte de las administraciones.
A las condenas se sumó el Sindicat de Llogateres también que ve en los desahucios una forma de violencia contra las clases populares más precarizadas, ya que en un comunicado, destacó el aumento del precio del alquiler en Cataluña y criticó la burocracia que acentúa el problema para personas con mayor riesgo de ser desahuciadas.
