A 100 días de la mayor protesta contra el presidente Miguel Díaz-Canel del pasado #11J, al menos 500 detenidos siguen en prisión y sometidos a una “represión brutal” del régimen cubano, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).
Tras recabar testimonios de víctimas, familiares, abogados y activistas, la organización documentó que la mitad de los casi mil disidentes arrestados fueron condenados, en arresto domiciliario de facto o prestan servicio comunitario por el delito de “protestar pacíficamente”, que debería ser un derecho.
En el informe “Cuba: Detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos”, exponen un patrón de abusos brutales sistemáticos rutinarios contra críticos, al imponer una “brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo y reprimir el disenso”, de acuerdo con el investigador Juan Pappier.
Se detalla que cientos de personas, de entre 16 y 67 años, según Prisoners Defenders y Cubalex, enfrentaron golpizas, interrogatorios forzados, incomunicación, vejaciones, procesos arbitrarios con jueces y fiscales afines al régimen y abuso sexual luego de ser obligados a desnudarse para hacer sentadillas, así como sufrir revisiones íntimas sin justificación tras su aprehensión, al ser señalados por desorden público, desacato e instigar para delinquir, entre otros, hechos que fueron calificados como “farsa” por HRW.
Algunas mujeres fueron intimidadas con ser trasladadas al pabellón de visitas conyugales con varios hombres, obligadas a tocarse frente a policías y a rendir declaración de madrugada.
A unos se les permitió pagar sus penas en casa, donde son vigilados, sin que hayan tenido acceso a un abogado o al expediente para revisar los cargos imputados. Otros más por el hacinamiento en las prisiones se contagiaron de Covid.
Datos de esos tres meses demuestran que el gobierno de Díaz-Canel, el mismo que azuzó a sus simpatizantes a “defender la revolución”, usó a ciudadanos para actuar contra sus iguales, pues no todas las golpizas fueron de los agentes.
Cientos fueron atacados por unirse a la movilización o por intentar y ahora enfrentan penas por aventar piedras contra fuerzas del orden y ser “títeres” de otras naciones, pues han acusado a Estados Unidos de patrocinar estas acciones, pese a que no hay pruebas sólo el testimonio de las fuerzas de seguridad.
Según un recuento, hasta agosto pasado 67 personas ya fueron condenadas, mientras que Prisoners Defenders precisó hace unas semanas que se identificó que 201 fueron enviadas a prisión preventiva o purgarán sentencias de entre ocho meses y tres años de prisión.
En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre un alza de represión contra periodistas, intimidados y amenazados, por la convocatoria para marchar el próximo 15 de noviembre y sentenció que los isleños viven “el semestre más difícil en los últimos 25 años”.
En tanto, el colectivo Archipiélago ratificó la convocatoria para el #15N y pide vestir de blanco y portar banderas de ese color para evidenciar cuántos son los inconformes ante el autoritarismo.
Incluso, lanzó una lista de recomendaciones para evitar altercados, pues insiste en no caer en las trampas de las fuerzas de seguridad, que buscan la mínima justificación para reprimirlos. Detalla que deben documentar su recorrido para mostrar abusos, aunque es posible que les corten el Internet, avisar a familiares que acudirán a las marchas y, sobre todo, “nunca responder con actitudes violentas, alzar las manos y recitar la poesía Cultivo una rosa blanca de José Martí”.
- El dato: El director de HRW, José Miguel Vivanco, advirtió que Latinoamérica enfrenta un grave desafío a los derechos humanos, hecho que no se vivía desde hace casi tres décadas.
