Imputan violencia a crítico y catean casa

Menos de 24 horas tardó el régimen de Daniel Ortega en imputarle un delito al exembajador nicaragüense Edgard Parrales y allanar su vivienda por supuestamente incitar a la violencia, minimizando la declaración de de-sacato en su contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Con una fórmula similar como la que implementó para apresar a 39 opositores previo a las elecciones, se reportó que el exdiplomático ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) fue acusado de actos que atentan contra la paz durante su audiencia, ayer. Además, impuso un plazo de 90 días para investigarlo, periodo en el que el hombre de 79 años permanecerá recluido en la prisión de El Nuevo Chipote y que recuerda a las maniobras arbitrarias del Ministerio Público para prolongar las medidas cautelares y rebasarlas por más de cinco meses, como ocurrió con algunos disidentes.

Casi a la par de la notificación, según medios locales, la familia de la nueva víctima orteguista y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) confirmaron el allanamiento de la vivienda del analista político. Los policías y personal de civil que vigilaban la zona aguardaron a que regresaran la esposa de Parrales, Carmen Dolores Córdova, y su hija, Carmen Parrales, para ingresar al domicilio de quien criticó los amagos por abandonar la OEA.

Luego de la intimidación reportada durante el asedio que comenzó tras el arresto del exembajador, el organismo defensor informó que los aliados de Ortega irrumpieron en el lugar “sin orden judicial, durante tres horas”.

Y se detalló que, durante este tiempo, revisaron al menos una computadora portátil y varias memorias USB en busca de información para fincarle otros delitos. Al concluir el cateo arbitrario hicieron firmar a la familia documentos oficiales, que no les permitieron leer ni les dejaron copia, por lo que desconocen qué datos obtuvieron en el registro.

En medio de esta nueva embestida contra quienes rechazan la nueva reelección de Ortega, demandaron la inmediata liberación del analista político y respeto a sus derechos, pues la esposa de Parrales denunció que no le permitieron ingresar ni comida ni medicamentos, sólo agua, lo que preocupa por su estado de salud, pues recientemente fue operado para retirarle parte del intestino.

“Condenamos esta acción violatoria de derechos humanos (…) su vida está en riesgo”, externó en redes sociales el organismo regional.

Previamente, se reportó que la CorteIDH denunció que el régimen de Ortega está en desacato tras incumplir al menos tres resoluciones —de junio, septiembre y el mes en curso—. En éstas, el organismo internacional ordena la inmediata liberación de la mayoría de los opositores presos y facilitar el contacto de éstos con sus abogados y familiares, pues algunos de ellos, incluidos los aspirantes presidenciales, se encuentran incomunicados desde junio pasado.

Asimismo, adelantó que dicha situación se someterá a consideración en la próxima Asamblea General de la OEA, de la que el orteguista y aliados buscan deslindarse, luego de que desconocieran su cuarto mandato en fila.