Organizaciones y legisladores exigieron al gobierno de Dina Boluarte una respuesta tras la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hecho del que se deslindó la casa de estudios de Lima, mientras siguen las protestas en varias provincias.
Un día después de la polémica irrupción con tanquetas y vehículos blindados, que dejó unos 200 estudiantes detenidos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos andina (CNDDHH) interpuso un recurso contra el ministro del Interior, Vicente Romero, a quien culpó por el allanamiento en el inmueble tomado desde la semana pasada por decenas de disidentes, quienes exigen adelantar las elecciones generales.
Ante las acciones que el organismo tachó de abusivas cuando el país atraviesa una severa crisis, solicitó un habeas corpus, ante el séptimo juzgado constitucional, en contra de uno de los encargados de la estrategia de recuperar las instalaciones, convertidas en un albergue.
Y busca extender el plan contra el comandante general de la Policía Nacional, Raúl Enrique Alfaro, ante las agresiones que van contra la demanda ciudadana de detener la represión y el derramamiento de sangre, cuando suman más de 50 fallecidos en mes y medio.
Asimismo, denunció las intenciones de las autoridades de fincar acciones penales contra arrestados sin presencia de sus abogados, pues relataron, según familiares, que a muchos los obligaron a firmar documentos sin respaldo legal.
Pero los cuestionamientos se extendieron contra otros integrantes del gabinete, pues la legisladora Flor Pablo promovió la comparecencia de Romero y del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por el trato de delincuentes que se dio a jóvenes, defensores de los derechos humanos y hasta periodistas, quienes fueron golpeados.
También pidió, a través de la Comisión de Educación legislativa, la presencia de la rectora de la universidad en cuestión, Jeri Ramón, quien argumentó que desconocía los planes de la Policía, pese a que días antes solicitó la intervención para recuperar ese plantel durante la llamada “toma de Lima”.
Pero horas después, la universidad afectada respondió y se deslindó de los actos cometidos por la Policía andina.
En un comunicado, aseveró que nada tuvo que ver con la irrupción de 400 efectivos, que calificó de “abuso de poder” y aclaró que la intención cuando se pidió su apoyo fue únicamente para “liberar las puertas tomadas”.
Al fijar una postura, la oficina general del plantel capitalino condenó la agresión para desalojar a alumnos, al señalar que se puso en riesgo la integridad de la comunidad universitaria y las condiciones de la casa de estudios. Por ello, rechazó la respuesta de las fuerzas del orden para liberar las instalaciones, al dejar en claro que ésa no era la vía.
Incluso, en el texto precisó que éstas rebasaron sus atribuciones, pues la Policía ingresó pese a que no había representantes de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público, avivando las críticas contra el gobierno.
Y adelantó que ya delegó a un equipo legal para liberar a los jóvenes arrestados, aunque al cierre de esta edición la Fiscalía confirmó que la mayoría de ellos ya fue liberada, sin represalias.
Pese a la oleada de críticas, ni Boluarte ni su equipo se pronunciaron al respecto, sólo la presidencia agradeció, a través de su cuenta de Twitter, las expresiones en favor de recuperar la paz y la tranquilidad como las declaraciones del Papa Francisco, quien llamó al cese de actos violentos, vengan de quien vengan, que sólo ponen en riesgo a la población.
En tanto, las autoridades confirmaron que ayer continuaron las movilizaciones en rechazo a Dina Boluarte y un sector de disidentes atacó nuevamente otras instalaciones de la Policía.
Reportes de Canal N dan cuenta de que unos 200 manifestantes acorralaron a las autoridades de una comisaría en la zona de Arequipa, a quienes intentaron desalojar al lanzar objetos contra el inmueble y vandalizar la zona. Aunque no progresaron en sus intentos, otro sector incendió instalaciones migratorias y puestos de control en la materia.
