Italia aumentó el número de centros de detención y extendió la estancia de migrantes ante la crisis migratoria en el mar Mediterráneo.
Tras recibir a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en Lampedusa —punto de llegada de extranjeros irregulares—, la primera ministra, Giorgia Meloni, implementó “medidas extraordinarias” para frenar el éxodo, luego de que ayer arribaran cientos más, presionando a la Unión Europea (UE).
Y recalcó que seguirán las repatriaciones tras acumular casi 130 mil ingresos en el año, según el Ministerio del Interior.
La premier informó el aval a la apertura de dichos centros y la ampliación de retención a 18 meses. Estrategia que respaldó de inmediato el Consejo de Ministros de la ultraderechista en una
reunión de urgencia, según un decreto que encarga al Ministerio de Defensa construir “lo antes posible” los CPR (centros para agilizar las expulsiones), como en Turín, Roma o Brindisi.
La intención es abrir al menos uno en cada una de las 21 regiones, en zonas de “baja densidad de población (...) fácilmente delimitadas y vigiladas”, por orden de la ultraconservadora, quien aborda el reto ante las críticas de opositores, que la acusan de un manejo deficiente, y demuestra que la coalición gobernante sigue unida, a pesar de los rumores.
El fracaso en el control fronterizo no sólo socavaría la estabilidad de su partido, por ser una promesa de campaña, sino pondría en peligro la estabilidad de Italia. Al respecto, la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas llamó a no politizar el tema y solidarizarse con quienes buscan una oportunidad para estudiar y trabajar, mientras que activistas critican el hacinamiento y las violaciones a los derechos humanos.
