El gobierno de Italia endureció las medidas sanitarias al exigir a todos los trabajadores, públicos y privados, a presentar su certificado de vacunación contra COVID-19 para seguir laborando.
Se advirtió que quienes no presenten este documento, a partir del 15 de octubre, serán suspendidos temporalmente o multados con hasta mil euros.
Al respecto, el primer ministro, Mario Draghi, aseveró que el objetivo es garantizar entornos laborales seguros, esto a fin de reducir el riesgo de contagios en oficinas y centros de trabajo. Y se espera que la medida sea ratificada hoy mismo por el Consejo de Ministro.
Pese a las acciones contra quienes no presenten la documentación, el funcionarios sostuvo que éstos no podrán ser despedidos, pero se verán perjudicados económicamente por las suspensiones.
Autoridades coincidieron en que el objetivo es impulsar la vacunación contra COVID-19 y la reapertura de zonas que siguen cerradas, pero críticos señalan que sólo agravará las afectaciones.
Incluso, el ministro de Administraciones Pública, Renato Bruneta, dijo que Italia se pone a la vanguardia, previo a la temporada invernal, en la que prevén se registre un alza de contagios si no se mejorar el ritmo de inmunización.
La alternativa para los italianos no vacunados contra COVID-19
Pese a la nueva norma, que entraría en vigor en un mes, las autoridades señalaron que quienes no estén vacunados, al reconocer que hay sectores que por salud no pueden hacerlo, deberán presentar cada dos días pruebas de diagnóstico negativas.
Para ello, el Gobierno ya analiza reducir el costo de estos exámenes, adelantó la ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini, aunque estos cambios sólo aplicarían para menores de edad y adultos mayores.
