La izquierda en América Latina se afianzó como mayoría al arrancar el 2023 con 10 gobiernos de esta tendencia, pues el primer día del próximo año retornará al poder Luiz Inácio Lula da Silva.
Con la última elección, en octubre pasado, este sector se hizo de otro aliado, pues en el último año dos de los tres comicios presidenciales celebrados en la región fueron para los izquierdistas, pero todos los procesos tuvieron una característica: se definieron en segunda vuelta entre fuerzas de polos opuestos.
Brasil dio un giro a su política al preferir a la oposición que a la ultraderecha, encabezada por el populista Jair Bolsonaro quien se resistió a reconocer su derrota, poniendo en riesgo una escalada en la polarización nacional, pues sus simpatizantes no reconocen el triunfo del exmandatario recluido por corrupción y llamaron a las Fuerzas Armadas a tomar acción para garantizar su “reelección”.
Una situación similar ocurrió en Colombia, en donde por primera vez eligieron a un emanado de esa visión, al exguerrillero Gustavo Petro, quien tomó las riendas al concluir la gestión de Iván Duque y de inmediato implementó acciones que su antecesor rechazó.
De ésas resalta el acercamiento con el gobierno de Nicolás Maduro para reabrir la frontera compartida y retomar el diálogo con grupos rebeldes, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros.
En tanto, Costa Rica se mantuvo neutral con un gobierno de centro al elegir a Rodrigo Chaves en abril pasado.
Con dichos comicios, el cierre de 2022 apuntaba a un nuevo año prácticamente de izquierda, con hasta 11 gestiones de esta naturaleza, pues además de Brasil y Colombia ya estaban asentados México, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile, Cuba, Bolivia, Honduras y Perú, superando ampliamente a las derechas como las de Ecuador y Uruguay.
Sin embargo esta tendencia también sufrió descalabros y a unas semanas de cerrar el año el presidente Pedro Castillo fue destituido luego de un presunto autogolpe de Estado.
En su afán por frenar un tercer intento de moción de censura apostó por disolver el Congreso para dar paso a un régimen de excepción, pero no contó con respaldo de ningún poder ni de las Fuerzas Armadas o la Policía, que calificaron de alteración del orden constitucional el plan de Castillo Terrones y antes de que cumpliera año y medio en el poder lo apartaron del Palacio de Gobierno.
Y ahora enfrenta cargos por rebeldía y conspiración, hecho en el que algunos aliados acusaron presiones de otros intereses y hasta traición de gente cercana, pues consideran que la declaración del político de 56 años no fue propia, por lo que piden investigar más.
En tanto, algunos gobiernos ofrecieron posible asilo y exigieron garantías de protección ante lo que ven como una constante conspiración, pues desde que inició su gobierno dijeron que fue víctima de hostilidades y rechazo por su origen campesino, pero la oposición peruana recalcó que las acciones fueron por evidencia de “incapacidad” para gobernar y por delitos como corrupción, al crear una red delictiva junto a su familia para obtener fondos a través de licitaciones en obras.
Y finalmente Castillo Terrones fue destituido y detenido por siete días, pero por petición de la Fiscalía ahora permanecerá preso 18 meses.
Además, días antes de esta polémica andina, Sudamérica recibió otro golpe cuando la exmandataria y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sentenciada a seis años de prisión por corrupción e inhabilitación de por vida por un desfalco a la nación a través de licitaciones a un empresario amigo.
