El juez federal Bruce Reinhart reconoció que es posible revelar parte de la declaración jurada en torno a la investigación por presunto espionaje contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, el mismo día en que un exaliado aceptó la culpa por un caso de evasión fiscal de la Organización Trump.
A 10 días de la polémica redada que él mismo autorizó, el magistrado señaló que por el interés público en el acta en cuestión el Departamento de Justicia debe transparentar la información que llevó al allanamiento en el que el FBI decomisó archivos confidenciales y sin desclasificar, por lo que se esperan más detalles del expediente en unos días.
Durante una audiencia, en respuesta a las peticiones de republicanos y del propio Trump para divulgar la documentación sin censura, Reinhart garantizó la postura del fiscal, Merrick Garland, de mantener “sellada” la declaración jurada en la materia, para no afectar la investigación que sigue en curso, como reveló el diario The Washington Post.
Sin embargo, señaló que hay fragmentos de la misma que se pueden dar a conocer sin que se afecte el expediente.
Y solicitó al Departamento de Garland redactar una versión editada, para el próximo 25 de agosto, incluyendo la portada de la declaración.
Admitió que eliminen “datos altamente clasificados” que puedan comprometer el avance del caso inédito contra un exmandatario. Aunque el jefe de contrainteligencia del departamento, Jay Bratt, rechazó esa apertura al señalar que “hay otro interés público en juego”, que es la conducción de esta indagatoria, presuntamente en relación a los nombres de los agentes que participaron en el cateo, quienes ya han sido amenazados.
Pero el juez insistió que se trata de un caso de gran interés nacional. No obstante, no queda claro si esa misma semana se revelará esta versión, pues insistió que el material debe ser debidamente revisado antes de divulgarlo públicamente.
Cabe destacar que medios estadounidenses han solicitado a fuentes del gobierno acceso al expediente argumentando que los beneficios son mayores a la protección por confidencialidad, especialmente ante la violencia que ya ha desatado este cateo.
Con ello, buscan abundar sobre el decomiso de cajas y archivos confidenciales, que el republicano insiste en calificar como una “persecución política”, pues ello permitirá dar luz sobre los delitos en los que habría incurrido quien perdió las elecciones en el 2020 al llevarse u ocultar documentos presidenciales.
Previamente, un grupo de legisladores republicanos, sector que aún respalda a Trump y no descarta su candidatura para 2024, señaló la necesidad de transparentar toda la información con miras a determinar si la irrupción en la propiedad de Palm Beach fue justificada o no, pues insisten que se trata de acciones contra un opositor, a quien le han tratado de fincar varios delitos, sin que se le haya demostrado algo, hasta el momento.
Incluso, quien dejó la Casa Blanca hace año y medio —unas semanas después de la insurrección en el Capitolio—, se pronunció en favor de abrir públicamente esta declaración jurada, aunque sus abogados no han dado pistas sobre si presentarán una solicitud para hacerlo, hecho que contradijo uno de sus exasesores de Seguridad Nacional.
Para John Bolton esa información podría jugar en contra del líder republicano, lo que no conviene a sus propósitos electorales, dejando entrever que conoce el caso o al menos pistas de que Trump cometió alguna irregularidad durante su gestión.
En tanto, por la mañana la Organización Trump se convirtió en otro tema de conversación luego de que el exdirector financiero de esta firma Allen Weisselberg, aceptara un acuerdo de culpabilidad por fraude fiscal.
Durante una audiencia, el ejecutivo de 75 años se declaró culpable de hasta 15 cargos, lo que lo convierte en un testigo clave en un juicio contra la empresa familiar del expresidente, previsto para este otoño, pues hasta el momento es el único de esa firma bajo investigación.
Como lo anticipaban algunos medios y después de que el mismo Trump se acogiera a la Quinta Enmienda por una investigación de esa empresa,
Weisselberg admitió que recibió beneficios económicos por 1.7 millones de dólares, como un departamento y un vehículo de lujo, a cambio de evadir impuestos sobre la renta en favor del republicano, y con este golpe a la compañía podría destapar otras irregularidades en la misma, pues según el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, la Organización Trump incurrió en “una amplia gama de actividades delictivas”.
Tras la presentación ante un jurado, uno de los abogados del ejecutivo declaró que con la decisión buscan detener “la pesadilla” que comenzó hace más de un año al escudriñar en los movimiento de la organización, misma que también habría inflado o reducido el valor de sus inmuebles para obtener préstamos o rebajar al mínimo el pago de impuestos.
fgr
