Ursula von der Leyen, quien en otoño próximo hará historia como la primera mujer en dirigir los destinos de la Unión Europea (UE), acordó ayer, el día en que fue ratificada por la Eurocámara, nuevas medidas para mejorar la democracia en todo el bloque, con mecanismos de escrutinio a gobernantes nacionalistas acusados de atacar la independencia judicial y la libertad de expresión en el continente.
La propuesta está encaminada a promover el imperio de la ley, prevenir violaciones a los derechos humanos y responder a cualquier deficiencia en el Estado de derecho.
De esta manera, la alemana que también fue la primera mujer de su país en dirigir el Ministerio de Defensa responde a una de las principales preocupaciones del bloque, que trata de protegerse, por ejemplo, de los impulsos del partido gobernante en Polonia Ley y Justicia (PiS), de ideología católica y ultraderechista, o del primer ministro húngaro, Viktor Orban, quien en los últimos años ha presionado a tribunales y jueces, periodistas y medios de comunicación, académicos y grupos de defensa.
En el visor de Von der Leyen también se encuentra el Ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, uno de los líderes en Europa que se mantiene en la línea dura para rechazar la inmigración a través del mar Mediterráneo.
Además, aunque se encuentra a un pie de separarse de la Unión Europea, Gran Bretaña será susceptible a los efectos de la ola nacionalista, con un Boris Johnson que se perfila como favorito para gobernar el país, con una intensa afinidad hacia la ideología del presidente estadounidense, Donald Trump.
La política fiel a la canciller Angela Merkel, quien asumirá el cargo de la Comisión Europea a partir de noviembre, prometió introducir una revisión anual del Estado de derecho para cada estado miembro y apoyó la propuesta de condicionar la ayuda de la UE a la adhesión a principios democráticos clave en el próximo presupuesto conjunto del bloque, a partir de 2021.
Se trata de introducir una inspección periódica, similar a la que Bruselas ya administra para los presupuestos de todos los estados miembros de la UE de sus déficits fiscales y de las respectivas deudas nacionales.
También contemplaría que la Comisión auspicie una conferencia anual sobre el Estado de derecho con académicos y grupos de derechos humanos, entre otras ideas, para poner el tema más prominentemente en la agenda de la UE.
Se agregarían, según detalló, sanciones por violar las reglas de la comunidad y el procedimiento punitivo especial, el llamado Artículo 7, que teóricamente podría conducir a suspender el voto de un gobierno por infringir los principios democráticos.
Pero cualquier castigo de este tipo requiere la unanimidad de todos los demás Estados, y Budapest ya prometió bloquear su uso.
El Dato: La política alemana encontró apoyo, además de su partido, de socialistas y liberales, al abrazar una agenda en favor de elevar el salario mínimo, la inmigración y los servicios de salud.
Los ministros europeos en Bruselas deben discutir nuevamente sus preocupaciones sobre los estándares democráticos en Polonia, el mayor miembro excomunista del bloque.
Si bien la presión de la UE ha obligado al partido conservador polaco a abandonar algunos de sus amplios cambios en el poder judicial, éste ha logrado una revisión general de los tribunales que, según grupos activistas, socava los controles y equilibrios democráticos.
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