Con la ruta económica trazada, el presidente argentino, Javier Milei, se enfoca en la seguridad al lanzar un plan de orden público de la mano de quien fue su rival en campaña, Patricia Bullrich.
En el quinto día de mandato, la ministra de Seguridad —a quien sumó el ultraderechista a su campaña tras la primera vuelta— confirmó el endurecimiento de medidas para que los argentinos puedan “vivir en paz”, al impedir bloqueos parciales o totales con la implementación de un nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público.
En conferencia de prensa, la funcionaria advirtió que “la ley no se cumple a medias”, pues garantizarán que se acate el cambio, enmarcado en el Código Penal, que actualmente pena con hasta dos años de prisión a quien obstaculice el transporte público o el tránsito.
El objetivo, puntualizó quien también fue titular de Seguridad con Mauricio Macri, es evitar afectaciones a la libre circulación, que tan sólo el último mes registraron hasta 500, según medios locales; por ello, la nueva administración en la Casa Rosada anticipa sanciones severas contra quienes sean atrapados en flagrancia.
Incluso, sostuvo que éstos pagarán por los operativos policiales ante el colapso de avenidas por concentraciones y actos en los que cierren calles por algún reclamo político o social, lo que parece una advertencia a quienes intenten protestar contra el plan económico del de Libertad Avanza, tras devaluar más de 50 por ciento la moneda nacional.
Aunque el objetivo es recuperar las calles por completo, también se contemplan serias restricciones para disuadir a infractores al prohibir la participación de personas embozadas o armadas con palos al remarcar que en Argentina la ley se cumple.
Para garantizar este nuevo orden, Patricia Bullrich precisó que intervendrán las cuatro fuerzas del orden, incluyendo las penitenciarias, para actuar contra manifestantes in fraganti con la “mínima fuerza”, pero se graduará la respuesta en estas afectaciones en casos de resistencia civil para despejar todas las arterías tomadas o en las que instalaron vallas u otros objetos para impedir el paso vehicular, aunque no detalló medidas específicas.
Con esta estrategia, las autoridades buscan identificar a cada uno de los “autores, cómplices e instigadores”, al advertir que ya no podrán esconderse detrás de máscaras, mismas que les sirven para evadir la responsabilidad de sus actos, pues la nueva tarea busca identificar a los infractores y quienes repetidamente cometen esos actos, pues ya no será suficiente con abrir alternativas sino garantizar el libre flujo.
Para ello, prevén aumentar la vigilancia en las calles y en transporte público, específicamente en el tren, para detectar a quienes planean escalar las movilizaciones al decomisarles máscaras y material vetado, que en muchas ocasiones se usa para agredir a oficiales o dañar mobiliario, se trate de una movilización, pacífica, de carácter social o de sindicatos y trabajadores.
Asimismo, se establece que van tras cabecillas que movilizan a la gente, pues decomisarán vehículos usados para los llamados “piquetes” y aplicarán medidas correctivas contra quienes lleven a menores al reafirmar que “quien la hace las paga”. Y enfatizaron que los niños deberían estar en la escuela y no cerrando calles, tema en el que Bullrich abundó: “No queremos que se use a los chicos como escudo”, ya que muchos lo hacen para evitar consecuencias.
Y adelantó que a quienes desafíen las nuevas reglas, llámese individuos u organizaciones, les llegarán las facturas de sus actos, pues pagarán por cada tarea extra de seguridad, pues no recaerán sólo sobre el Estado.
Además, contemplan medidas contra extranjeros, pues se notificará a la Dirección Nacional de Migraciones la participación de éstos, lo que anticipa que se les impida seguir en el territorio.
Ante estas restricciones, varios sectores recriminaron la “provocación”, justo cuando los sindicatos alistan movilizaciones y un paro activo el próximo 20 de diciembre, pues ven una agresión al “derecho a manifestarse”, pues con medidas drásticas no se atacan las causas y se ignora el reclamo y advierten que las restricciones a organizaciones prevén retirar permisos a sindicatos críticos.
Y las críticas no acaban, pues siguen los reclamos por el plan económico que lanzó el ultraderechista y con el que devaluó más de 50 por ciento su moneda, pues el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que la ruta dura de Milei representa un nuevo golpe al bolsillo.
Dos días después de la presentación de esta nueva política monetaria, el líder del Kremlin, Vladimir Putin, advirtió a su homólogo sudamericano, sobre el riesgo para la nación. Tras una evaluación sobre los efectos del golpe económico que provocó un alza de precios sostuvo que ello detonará una “pérdida de la soberanía”.
En conferencia de prensa, el responsable de la invasión en Ucrania señaló que la población que ya ha sufrido continuos golpes económicos enfrentará ahora consecuencias socioeconómicas graves; sin embargo, se dijo interesado en reforzar su lazo con esa nación al señalar que hay intereses comunes.
