Por segunda vez en el mes, el régimen de Daniel Ortega eliminó dos universidades y se apropió de sus instalaciones, con lo que ya desapareció una decena en el último año con ayuda de la Asamblea Nacional.
Al cumplirse una semana del cierre de colegios católicos implementó otras restricciones contra instituciones de nivel superior al justificar que los planteles Panamericana de Nicaragua y del Pacífico violaron normas como centros de estudios, pues no cumplen requisitos básicos en torno a su oferta docente e investigación científica.
Al igual que contra las organizaciones civiles, refiere que no acataron el proceso que incluye la revelación de datos financieros hasta el año pasado, con lo que redobla la crisis político-social contra aquellos sectores que lo critican o están en su contra.
El Ministerio de Gobernación oficializó, a través del acuerdo 33-2022, el retiro de la personería jurídica de éstas, con lo que sus sedes pasan a manos del Estado.
Asimismo, informó que ni el Consejo Nacional de Universidades (CNU), aliado del sandinismo que concentra las casas de estudio, aprobó programas académicos de éstas por múltiples anomalías como falta de control en registros de alumnos, docentes y carreras, así como la presunta falsedad sobre posgrados, maestrías y doctorados.
Tras la polémica decisión que le cierra aún más los espacios de formación a la juventud crítica, se indicó a los inscritos en dichas instituciones que podrán ser matriculados en otras universidad de la nación; sin embargo, no se brindaron detalles sobre aquellos que estudian o concluyeron los programas calificados de incompletos.
