El régimen de Daniel Ortega persiste en su persecución contra grupos religiosos de oposición al congelar los fondos de la Universidad Centroamericana (UCA), fundada por jesuitas en la década de los 60.
Mientras activistas exigen liberar a sacerdotes detenidos por supuestamente atentar contra la soberanía, el medio Divergentes confirmó que la casa de estudios ya no tiene acceso a sus cuentas bancarias desde hace unos días por orden del Ministerio de Gobernación, pese a que desconocen si existe una investigación en su contra.
El plantel notificó a su personal, vía correo electrónico, que por temas ajenos “no estamos recibiendo pagos correspondientes a aranceles o servicios de ninguna de las instancias”, lo que obligó a implementar recortes forzados para reducir el impacto de esta medida, pero la universidad ya no puede continuar con sus actividades.
Incluso, se documentó que la restricción alcanzó a varios de sus directivos, sin revelar nombres, quienes tampoco han podido sacar dinero de sus cuentas, a más de un año de que el régimen sandinista le arrebatara a la UCA una asignación anual.
Con estas acciones, el gobierno redobla la embestida que puso en marcha desde 2021 contra grupos religiosos y universidades, en su mayoría privadas, que respaldaron las peores protestas durante su administración en 2018. Y algunos estiman que dicha estrategia busca forzar el cierre del centro de estudios, sin quitarle permisos, limitando nuevamente las opciones de los jóvenes, a quienes ve como sus principales enemigos por retar al orteguismo.
