La vicepresidenta de Nicaragua y esposa del mandatario Daniel Ortega, Rosario Murillo, acusó de intromisión a cuatro naciones latinoamericanas por intentar imitar acciones “imperialistas y destructoras de culturas”, en medio de las críticas por la represión denunciada en el país.
La también vocera del régimen convocó a sus embajadores en México, Juan Carlos Gutiérrez; Costa Rica, Duilio Hernández; Argentina, Orlando Gómez, y Colombia, Yara Pérez, en respuesta a la medida que implementaron dichos gobiernos al citar a sus respectivos representantes para evaluar la situación de la nación centroamericana.
Al confirmar la citación de sus diplomáticos, Murillo advirtió que en Nicaragua “rechazamos categóricamente estas inaceptables modalidades de imitación caricaturesca”, en referencia a Estados Unidos, país que ha sancionado al menos en dos ocasiones a funcionarios y familiares de los Ortega-Murillo desde que comenzó el asedio por el que más de 30 opositores, aspirantes presidenciales, activistas y periodistas están detenidos en el país, previo a las elecciones de noviembre próximo.
Incluso, tachó de arrogantes a dichos gobiernos y aseveró que pese a constantes críticas e “inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas e intromisorios” de esas naciones, el régimen orteguista ha sido paciente al reconocer la hermandad con estas regiones, pero llegó el momento de cambiar la actitud.
Murillo reiteró que los asuntos en los que se han expresado estas naciones sólo competen al pueblo nicaragüense.
Dos de las naciones señaladas, México y Argentina, se abstuvieron hace unas semanas de votar la condena de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ante el asedio a la oposición, por allanamientos y presuntas capturas irregulares, y hasta pugnaron por un diálogo para resolver la crisis; mientras que las otras dos sí respaldaron la postura del organismo, con miras a aplicar sanciones.
Horas después de que se notificaran estos hechos, se reportó el arresto de otro opositor, pues el líder disidente Mauricio Díaz Dávila, embajador de Costa Rica y vocal del partido Ciudadanos por la Libertad, fue capturado luego de ser interrogado en las instalaciones de la Fiscalía, hecho que provocó un enfrentamiento entre acompañantes del acusado, pues denunciaron que su hijo fue golpeado.
Medios independientes detallaron que el exdiplomático es investigado por menoscabo a la soberanía, incitar a la injerencia extranjera y promover intervenciones militares en el país, similar a los casos contra los aspirante presidenciales bajo arresto, algunos desde hace dos meses, hecho que horas después fue ratificado por la Policía.
De manera inmediata la organización política que representa y otros opositores exigieron su liberación y garantizar su integridad física y recordaron que días antes el régimen le negó una salida del país y hasta le quitaron su pasaporte.
Por separado, la alianza Coalición Nacional, también de oposición, cuestionó la “farsa y circo electoral” que mantiene el régimen al afirmar que, pese a reclamos internacionales, no hay condiciones para celebrar comicios libres.
