El Tribunal Supremo de Brasil ratificó su postura contra los golpistas y ordenó el arresto de mandos ligados al asalto a los tres poderes de la nación, mientras el Ministerio de Justicia alista nuevas aprehensiones al identificar a firmas y militares que financiaron el atentado.
Dos días tardó el juez Alexandre de Moraes, principal crítico del expresidente Jair Bolsonaro, en solicitar la inmediata captura del exministro de Seguridad de Brasilia Anderson Torres, tras su destitución, por presunta organización criminal y omisión al poner en riesgo la vida del presidente Luiz Inácio Lula da Silva; mientras que el Ministerio de Justicia enlista delitos como crimen organizado, intento de golpe de Estado y planes para violentar el Estado de derecho.
Además el magistrado solicitó el arresto del comandante militar Fabio Augusto al corroborar, como dijo el mandatario, que hubo complicidad de funcionarios con bolsonaristas, quienes acamparon por semanas para preparar la invasión en Planalto, el Congreso y el órgano del Poder Judicial. Y ratificó que no quedarán impunes los hechos, ni con justificaciones de supuesta “incompetencia”.
Autoridades y medios de comunicación señalaron que la medida de quien lidera las investigaciones responde a que eran los encargados de garantizar la seguridad de los recintos, pero no lo hicieron, abriendo paso a un golpe a la democracia en su intento por replicar el asalto al Capitolio en Estados Unidos.
Tras la difusión de esas acciones contra los aliados bolsonaristas se reportó que un equipo de oficiales custodia la residencia de Torres, quien pese a la destitución fue defendido por el gobernador Ibaneis Rocha —cesado por la Corte por 90 días— en medio de los actos vandálicos del pasado 8 de enero.
La operación, según diarios de Brasil, fue para un allanamiento y a la espera de que el también exministro de Justicia en la gestión del ultraderechista vuelva de su viaje, pues se reveló que dos días antes de la invasión voló a Florida, la misma entidad en la que se refugió Bolsonaro a finales del año, lo que abre sospechas de un contubernio entre el exintegrante del gabinete y el exjefe de Estado.
Tras enterarse que es buscado por las autoridades, pues Moraes argumentó que hay evidencia para su prisión preventiva, Torres sostuvo que al volver responderá ante las autoridades correspondientes, pues confía en la justicia, horas después de que se replicara un mensaje que publicó en redes sociales sobre un supuesto hackeo a su WhatsApp, de acuerdo con el diario O Globo. Y también apuntó que, pese a la coincidencia de estar en Florida como Bolsonaro, no ha tenido contacto con él. Mientras que se desconoce el paradero de Viera.
Al respecto, legisladores llamaron a bloquear las cuentas de ellos y otros involucrados con el atentado como el expresidente, quien se deslindó de la irrupción horas después de los ataques.
No obstante, no se ofrecieron detalles sobre el nivel de participación de éstos en la planeación y financiamiento para el traslado de 100 autobuses a la zona y mantenimiento de campamentos ya desalojados por el ejército en la capital, pero evidencia un apoyo policial, pues como mandos tenían identificados los puntos vulnerables para que los insurrectos irrumpieran en dichos recintos, en donde causaron graves destrozos.
Horas antes, el ministerio de Justicia informó que identificó a varias empresas y militares involucrados en el traslado, financiamiento y orquestación de ataques por parte de grupos bolsonaristas, hecho por el que el titular, Flavio Dino, adelantó que ya alistan decenas de órdenes de aprehensión, luego de recibir más de 20 mil denuncias sobre los participantes de los hechos que intentaron intimidar al gobierno en su segunda semana.
Entre éstos sospechosos destacan el exlíder de Logística del Ministerio de Salud, Ridauto Lúcio Fernándes, y el capitán Vilmar José Fortuna, exasesor del Ministerio de Defensa. Por lo que Dino agregó que sigue el rastreo para dar con cada uno de los líderes detrás de las acciones, horas después que tanto la Cámara de Diputados como el Senado respaldaran la intervención militar por el asalto del fin de semana.
En tanto, como parte de las investigaciones, las autoridades continúan con las audiencias de mil 500 detenidos, de los que casi 600 fueron liberados tras aceptar la revisión de sus celulares al detallar que son ancianos o mujeres con hijos, mientras la Policía Federal que asumió el control de la región enfrenta una fuerte sacudida tras el recientemente nombramiento de Andrei Rodrigues como titular, quien desde que asumió el cargo aseveró que “no permitirá injerencias” . Incluso agregó que ningún ataque a las instituciones ni presión mediática lo hará modificar su planteamiento.
RFH
