El régimen de Daniel Ortega extendió el cerco contra Organizaciones No Gubernamentales (ONG) al arrebatar el registro a un centenar de agrupaciones civiles para eliminar a la oposición, pero esta vez la medida alcanzó a grupos aliados.
Medios locales indicaron que, bajo el argumento de que éstas fueron abandonadas por sus dirigencias o incumplieron sus obligaciones, el gobierno ordenó su cierre inmediato, incluyendo aquellas creadas por aliados del Frente Sandinista.
En la lista destacan las asociaciones de Combatientes Retirados del Ejército Popular Sandinista y para el Desarrollo Integral de Retirados del Ejército, lo que recuerda que su Policía ya aprehendió a líderes de la guerrilla que lucharon contra un régimen opresor en la década de los 80.
En un decreto difundido por el Ministerio del Interior se confirmó la cancelación de la personalidad jurídica de las mencionadas, con lo que el régimen suma dos mil organizaciones obstaculizadas y a las que deja sin fondos, obligándolas a dejar de operar, en los últimos cuatro años, según registros de la Asamblea Nacional.
Tras la decisión, grupos opositores denunciaron que la persecución alcanzó a quienes estuvieron del lado de Ortega, lo que ven como una desactivación del sandinismo, hecho del que responsabilizan a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, pues algunos líderes sostuvieron que es ella la que está tomando atribuciones que competen únicamente a su marido.
Asimismo, disidentes expusieron nuevos arrestos en la región en las últimas horas. Según los primeros reportes, entre la noche del pasado 18 de septiembre y la madrugada de ayer hubo al menos una decena de detenciones arbitrarias en una represión dirigida presuntamente contra la Unión Democrática Renovadora (Unamos).
